El procurador del Estado, Héctor Arce, detectó, en un primer análisis, unos diez contratos firmados entre cooperativas y empresas privadas que están en contra de la Constitución Política del Estado. Dijo que hay que establecer responsabilidades.
“Hay algunos otros casos que llaman profundamente la atención, aproximadamente es una decena, quizás un poco más, que son cooperativas mineras que han tramitado su personería jurídica, después se han adjudicado un área de arrendamiento para explotar y no han explotado, sino que han hecho directamente un contrato de riesgo compartido con una empresa”, señaló anoche Arce, en una entrevista cedida al programa Anoticiando de la red ATB.
El Procurador informó que en los dos días precedentes se dedicó a revisar de “manera responsable” uno por uno los 42 contratos firmados entre cooperativas y empresas privadas, y halló que la mayoría no representa un atentado contra la Constitución, ya que se trata de acuerdos para la provisión de maquinaria.
“Son contratos que de alguna manera están permitidos por la Constitución. Hay situaciones en que las cooperativas, que tienen un espacio para trabajar, una concesión, un arrendamiento para que trabajen dentro de la lógica cooperativizada, realizan algún contrato para obtener maquinaria y así lograr mejores resultados”.
Pero unos diez de ellos son anticonstitucionales. Dijo que la Carta Magna prohíbe a las concesionarias subarrendar a terceros. “Estaba inscrita como cooperativa, pero en realidad la que trabajaba era la empresa privada, y esa compañía hacía un contrato que no es correcto, que no es permisible. La Constitución Política del Estado es clarísima y hay un artículo que es clave en este sentido, es el artículo 371, parágrafo primero. Dice: las áreas de exploración y explotación minera otorgadas por contratos —se refiere a todos los contratos en general— son intransferibles, inembargables e intransmisibles por sociedad hereditaria”.
La autoridad explicó que las cooperativas se creaban solo para lograr una concesión y luego arrendarla a un privado. “La cooperativa solamente tenía en el papel la concesión minera, pero quien explotaba y utilizaba los recursos era una empresa privada”.
“Esto es un fraude, es atentar contra los intereses del Estado. El Presidente lo ha dicho con claridad, quien atenta contra el régimen de los recursos naturales comete un delito de traición a la patria. Obviamente, atentar contra el régimen de los recursos naturales es un acto de esta naturaleza”.
Indicó que en la revisión encontró un convenio con una empresa transnacional, que luego aparece como nacional. Ayer, el Gobierno y la dirigencia de los cooperativistas decidieron conformar una Comisión de Auditoría para analizar los contratos y el artículo 151 de la Ley de Minería, cuya aprobación en Diputados desató un bloqueo de caminos por parte de los mineros.
Arce señaló que la Procuraduría presentará el resultado de su análisis jurídico a esta comitiva. “Habría que establecer responsabilidad, incluso penal, no nos olvidemos que estos contratos también han sido registrados, y hay que ver con qué fin y en qué circunstancias”.
Encuentran Cooperativas ‘de papel’
Prohibido
“Algunas empresas se disfrazan, se camuflan, son empresas de papel, solamente existen en una constitución, no en la realidad. Es una situación prohibida”, dijo el procurador Héctor Arce.
