La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pasó a tuición del Ministerio de Economía como institución desconcentrada y con un nivel ejecutivo y otro técnico-operativo para encarar asuntos estratégicos, estudios, análisis financiero y supervisión. La decisión está contenida en un decreto que también fija un plazo de 90 días para evaluar al personal.
La UIF, que dependía la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tiene como misión la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, la corrupción y los delitos precedentes a través del análisis financiero patrimonial, la emisión de políticas y normas, así como la fiscalización permanente.
El Gobierno aprobó el 9 de abril el decreto 1969 que entrega al Ministerio de Economía la tuición de la entidad hoy desconcentrada con personería jurídica de derecho público, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Mantiene “invariable sus atribuciones y funciones”, refiere parte del parágrafo II del artículo 2 de la norma.
La ASFI transferirá a título gratuito a la UIF dos inmuebles, activos, información, documentación y archivo institucional. A partir de su nueva condición, la institución asume competencias en los procesos de contratación de bienes y servicios.
El Presidente del Estado designará a la autoridad de la entidad desconcentrada que en 2012 reportó la investigación de 784 casos.
Del total de los casos de investigación por entidad, 34 están relacionadas con bancos; 14, con casas de cambio; 1, cooperativas de ahorro y crédito; 1, de oficio; 6, empresas de seguros; 28, empresas públicas descentralizadas; 227, Ministerio Público; 68, ministerios; 9, mutuales de ahorro y préstamos; 26, organismos internacionales; 3, tipo de entidades no definidas; 10, Poder Ejecutivo-Ministerios; 1, Poder Judicial; 3, servicios auxiliares; 5, sociedades administrados de fondos de inversión, y 2 están relacionados a entidades de valores.
“La estructura orgánica de la UIF, deberá contar en su área sustantiva con Direcciones Técnicas para asuntos estratégicos, estudios, análisis financiero, supervisión de sujetos obligados sobre los cuales debe ejercer dicha función, u otras para el cumplimiento efectivo de sus atribuciones”, refiere el parágrafo II del artículo 7 del decreto de abril.
