La compañía británica Rurelec PLC anunció el miércoles en un comunicado que llegó a un “acuerdo global” con el Gobierno boliviano por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Eléctrica Guaracachi SA (EGSA).
De acuerdo con el comunicado, publicado en su sitio de internet www.rurelec.com, el acuerdo establece el pago acelerado del laudo arbitral emitido el 31 de enero en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, “con sujeción únicamente a la documentación”.
El 1 de mayo de 2010, el Gobierno nacionalizó el 50,001% de las acciones que tenía la estadounidense Guaracachi America Inc. (GAI) en la Empresa Guaracachi SA (EGSA). GAI es subsidiaria de la compañía británica Rurelec. El 24 de noviembre de ese año el consorcio europeo demandó al Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en EGSA.
El 31 de enero la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya estableció compensar a Rurelec con $us 28,9 millones, más intereses, cifra inferior a lo que demandó inicialmente esa compañía, que ascendía a $us 142 millones, según información difundida por la Procuraduría General del Estado.
“La Junta de Rurelec está convencida de que ha llegado a un acuerdo global con Bolivia para un pago acelerado del laudo arbitral emitido el 31 de enero de 2014 en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, con sujeción únicamente a la documentación”, señala Rurelec en el comunicado.
No obstante, aclara que bajo esos términos, Rurelec “aceptará renunciar a una parte de su derecho a beneficiarse del premio, incluyendo un acuerdo para renunciar a los dividendos pendientes de pago a la Empresa Guaracachi, a cambio de un pago rápido de la concesión durante la primera parte de mayo”.
El 23 de abril, La Razón informó que la Procuraduría General del Estado negocia con la compañía británica Rurelec PLC bajar el monto del laudo arbitral emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por la nacionalización de sus acciones en EGSA.
El estado negoció un pago menor
“Nosotros estamos tratando a través de la vía de la negociación que se reconozcan obligaciones que tiene la empresa (británica) para bajar cuantitativamente ese monto, caso contrario usaremos los mecanismos necesarios”, dijo el 23 de abril el procurador Héctor Arce en entrevista con este medio.
