La situación legal de los 11 aprehendidos por los hechos de violencia en la localidad de Arcopongo aún no fue resuelta puesto que ayer no se determinaron las medidas cautelares para éstos, debido a que el caso pasó a la jurisdicción de Sica Sica.
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, informó a La Razón que dos de los detenidos recusaron a la jueza de Quime y el caso pasó a jurisdicción de Sica Sica.
“Pese a haber rechazado la jueza (esta recusación) ha determinado que se remitan antecedentes a conocimiento del juez de Sica Sica y éste, en virtud de la circular 06/14 emitida por la Corte, tiene que constituirse en La Paz para poder dirimir la situación jurídica de cada uno de los 11 imputados”, explicó León.
Añadió que de los 11 aprehendidos solo uno, Edson Cahuana, es parte de la Cooperativa Ullakaya y el resto es gente ajena. El 23 de mayo, el gobernador de La Paz, César Cocarico, mostró fotos de esta persona portando una ametralladora.
La Agencia Boliviana de Información (ABI) comunicó ayer que la jueza de Quime, Lidia Coronel, indicó que fue recusada por los 11 imputados en el caso de Arcopongo, acusados de asesinato con “armas de guerra”, porque supuestamente tienen amistad con el gobernador de La Paz, César Cocarico, por lo que el caso pasó a Sica Sica.
“Estoy recusada y por eso no puedo llevar adelante la audiencia de medidas cautelares para definir la situación legal de cada uno de los 11 imputados por los delitos de asesinato, asociación delictuosa y complicidad”, expresó cuando abandonaba el salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Otras tres personas acusadas por la explotación ilegal de oro en Arcopongo que escaparon el lunes aún están prófugas.
Presentan segunda querella
El abogado de la Cooperativa Ullakaya Condorini, Eduardo León, aseguró ayer que la segunda querella contra tres asambleístas del MAS y un viceministro será presentada a las 10.00 de hoy. “No pudimos presentarla el lunes porque nos notificaron para la audiencia de medidas cautelares de los 11 aprehendidos, pero lo haremos este miércoles a las 10.00”, indicó León.
La denuncia es contra las diputadas del MAS Gladys Vargas Escóbar y Julia Figueredo, el asambleísta departamental Juan Marca y el viceministro de Empleo Servicio Civil y Cooperativas del Ministerio de Trabajo, Tiburcio Aguilar Márquez, a quienes sindican de haber facilitado la obtención de personería jurídica a un grupo de comunarios de Palma Flor en menos de 72 horas para que puedan explotar oro en el río Chaquety.
Se los acusa por incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo, uso de influencias y corrupción.
