Desde abril de 2013 a la fecha, el Gobierno atendió 15 conflictos mineros en diferentes regiones del país, informó ayer a La Razón el viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque. El 27% de los problemas son por disputas de áreas de trabajo.
La autoridad dijo que los conflictos mineros datan “desde hace mucho tiempo” atrás. “Estamos hablando desde abril de 2013 a la fecha. Estos conflictos se generan por diversos motivos: problemas de contaminación, áreas de trabajo y vienen acompañados de avasallamientos, además de la explotación, y eso afecta a las comunidades”, afirmó.
Según información de esa cartera de Estado, el 27% de los conflictos corresponde a diputas por áreas de trabajo. Los casos se presentaron en la región de Arcopongo en La Paz; la provincia Iténez en Beni; en la provincia Mizque en Cochabamba, y en la provincia Cornelio Saavedra en Potosí.
En la región de Arcopongo, en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, se generó una disputa por áreas de trabajo en el río Chaquety. El 19 de mayo, cooperativistas mineros y comunarios del lugar se enfrentaron dejando como saldo tres personas fallecidas. Actualmente, el Ministerio Público realiza la investigación del caso.
En Beni también hay un conflicto entre la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) y la empresa Eagle Crest Bolivia. En la misma situación se encuentran la Cooperativa Minera Indígena Originaria Campesina Siporo Ltda y las comunidades de Tacobamba, que se disputan la concesión minera Víbora en el departamento de Potosí.
La Cooperativa Minera del Asiento y la asociación de trabajadores mineros de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), al igual que las mencionadas anteriormente, disputan áreas de trabajo en Cochabamba. De las mencionadas, los conflictos son “latentes” y en tres la empresa estatal inmovilizó las áreas de operaciones.
La información indica que entre abril de 2013 y este año se generaron solo dos avasallamientos, ambos en el departamento de La Paz, “en el municipio de Palca y la provincia Murillo”.
Chorolque explicó que en el caso de la demarcación de límites el conflicto que se genera en Colquiri entre la Cooperativa 26 de Febrero y la Empresa Minera Colquiri, que depende de la Comibol, es un tema “que está muy sensible y en cualquier momento puede estallar”. Según el funcionario, los otros casos se presentan en los departamentos de La Paz y Potosí. En Palca, por el asentamiento clandestino; en Sud Yungas es por la paralización de la firma de un contrato aurífero y el último es en el Cerro Rico.
Solución de conflictos
Según datos oficiales, se solucionaron cuatro casos con las cooperativas Nueva San José, Santo Domingo, Corazón de Jesús y 10 de Febrero.
Chorolque dice que se debe aplicar la Ley 367
El viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, afirmó ayer que en el caso de Arcopongo se debe aplicar la Ley de Avasallamientos 367 que sanciona con privación de libertad hasta en ocho años a personas que efectúen explotación ilegal de minerales.
“Se va a aplicar una vez que se hagan las investigaciones (…). Es necesario que se tenga que aplicar, es que ya es hora que la apliquemos. Lo que falta es que se ejecuten las normas y con eso nos vamos a ir ordenando y corrigiendo”, manifestó la autoridad. El artículo único de esa norma incorpora al Código Penal el artículo 232 (Explotación Ilegal de Recursos Minerales) que señala: El que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con autorización o derecho otorgado en el marco de la normativa vigente, será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años.
