La Procuraduría General del Estado (PGE) busca una solución amistosa con la empresa eléctrica española Iberdrola antes de enfrentar un arbitraje internacional, informó el jueves el procurador Héctor Arce Zaconeta.
“Hay que tener paciencia porque estamos hablando de los intereses del Estado y de cualquier manera una solución amistosa es mejor que un resultado arbitral. Incluso es más económico tanto para el Estado como para las propias empresas”, explicó la autoridad.
El 29 de diciembre de 2012, el Estado boliviano nacionalizó cuatro filiales de la española Iberdrola: Electricidad de La Paz (Electropaz), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro (Elfeo), Compañía Administradora de Empresas Bolivia (Cadeb) y Empresa de Servicios (Edeser).
El Decreto 1448, con el que se nacionalizó las filiales de Iberdrola, dispone que se pagará por el 100% de las acciones de las cuatro empresas con base en un estudio elaborado por una firma independiente en un plazo de 180 días.
El martes, el embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez Díaz de Tuesta, afirmó que las negociaciones con el Ejecutivo para indemnizar a las compañías españolas nacionalizadas se alargan demasiado, considerando que la primera expropiación fue en mayo de 2012 y aún no hay ningún pago. Sobre las declaraciones de Vásquez, Arce dijo que “estamos avanzando en los procesos de diálogo y negociación para llegar a soluciones objetivas dentro del resguardo del interés nacional”.
Bolivia no valida a Corte de París en caso Jindal
El procurador general del Estado, Héctor Arce, dijo ayer que Bolivia no reconoce la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional CCI-París al que recurrió la empresa india Jindal.
El 18 de julio de 2007, JBS y la ESM firmaron un Contrato de Riesgo Compartido (CRC) por el que Jindal se comprometía a invertir $us 600 millones en los dos primeros años. La inversión total para todo el proyecto siderúrgico era de $us 2.100 millones. La JSB estaba a cargo del 50% del yacimiento del Mutún, en Santa Cruz.
Sin embargo, la compañía invirtió apenas $us 12 millones, razón por la que se ejecutó en 2012 dos boletas de garantía por 36 millones por incumplimiento de contrato. El procurador Héctor Arce aseguró que el arbitraje presentado por Jindal no será “reconocido jamás por Bolivia”.
