El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, manifestó ayer que el Ejecutivo cumplió con enviar el proyecto de Ley de Modificaciones al Código Tributario y que el mismo ahora está en manos de la Cámara de Senadores para su aprobación.
Asimismo, la autoridad lamentó una vez más el fallo del Tribunal Constitucional que, desde su punto de vista, “va en contra de la gente que paga impuestos y no recibe facturas”. Acotó que se tiene que acatar el fallo del Tribunal, pero que el Ejecutivo introdujo ese procedimiento en la norma que fue enviada a la Asamblea Legislativa en los plazos establecidos. “Hasta ahí es la responsabilidad del Órgano Ejecutivo. Este proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y está en discusión en la Cámara de Senadores, y apoyamos las decisiones del Órgano Legislativo”.
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, anunció el lunes que el tratamiento del Código Tributario ha sido suspendido de manera indefinida hasta que se encuentre un consenso entre los sectores interesados.
Rechazo. Las organizaciones de los microempresarios que tributan y los gremiales rechazaron la norma por considerarla un riesgo para el sector porque se fijan penas muy altas, incluso con reclusión para quienes no facturen.
Arce manifestó que cuando el Tribunal Constitucional emitió una resolución dando al Ejecutivo un plazo perentorio para el establecimiento de un procedimiento para la clausura de los negocios que no emitan factura, “el Tribunal Constitucional atentó contra el derecho de los bolivianos que pagan impuestos al comprar un producto y ese comprobante del producto es la factura”, que incluso sirve para los descuentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Ratificó que el Gobierno no estaba de acuerdo con el fallo del Tribunal “porque se privilegia a un pequeño grupo que está acostumbrado a no emitir facturas en perjuicio del público” y ahora se espera la decisión del Senado.
Cárcel por no emitir facturas
Las modificaciones a la Ley 2492 del Código Tributario establece sanciones penales de uno a cuatro años de cárcel para quienes reincidan más de cuatro veces en la no emisión de facturas. Sanciona con tres a seis años de cárcel a quienes comercialicen facturas, entre otras penas.
