El Gobierno evalúa la determinación de la Cámara Internacional de Comercio (CIC) para indemnizar a la empresa Jindal Steel & Power Ltda. con 22,5 millones de dólares por el cobro de boletas de garantía en 2010; mientras, el abogado de la subsidiaria Jindal Steel Bolivia (JSB), Jorge Valda, advirtió hoy que la cancelación debe realizarse 10 días después de la notificación.
El ministro de Minería, César Navarro, consultado hoy por radio Fides al respecto, rechazó el fallo internacional. “No compartimos este tipo de acciones y decisiones que piensan en el capital privado y no piensan en beneficio de los pueblos y los estados. Vamos a hacer conocer nuestra posición oficial en las próximas horas”, anunció.
La Jindal Steel & Power Ltda comunicó el fin de semana que ganó el proceso arbitral por 22,5 millones de dólares contra la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por el cobro de las boletas de garantía el 15 de abril de 2010, que sumaban 18 millones de dólares por la falta de renovación de la garantía.
“Jindal Steel Bolivia, una subsidiaria de la empresa líder internacional Jindal Steel & Power Ltda, fue reivindicada en relación con su inversión en el proyecto ‘El Mutún’ en Bolivia por un pago de más de $us 22,5 millones por la entidad estatal boliviana Empresa Siderúrgica del Mutún”, señala el comunicado que publicó la empresa india en el portal de su página en internet. El fallo habría sido emitido el 6 de agosto.
“El plazo (para la cancelación de la indemnización) corre a partir del momento en que es notificado el Gobierno, que hasta el momento no ocurrió y si no paga podrían haber sanciones comerciales con países europeos”, advirtió Valda, según publicó la agencia ANF.
«Notificado el Estado boliviano, a través de las entidades que han representado al Estado ante esta institución (CIC) debe cubrir el pago de forma inmediata. El plazo que tienen es de alrededor 10 días para cubrir el monto total, caso contrario resulta un incumplimiento ante una Corte Internacional”, prosiguió.
En 2007 la Jindal suscribió un contrato con el Estado boliviano, ESM y Corporación minera de Bolivia (Comibol), para desarrollar y explotar el complejo del Mutún. El 16 de julio de 2012, la empresa JSB decidió dejar el país a raíz de impasses con el Gobierno. El Ejecutivo habló de una nueva licitación.
El abogado de la Jindal explicó que el gobierno boliviano tiene la oportunidad y el derecho de impugnar el fallo ante una instancia superior de la CIC para lograr un nuevo fallo que podría ratificar la decisión o modificarla. Advirtió que si el Estado no paga esta compensación podría haber sanciones comerciales de distinta índole que pueden complicar las relaciones de Bolivia y los países europeos.
