Ante el fallo que ordena el pago de $us 22,5 millones a la Jindal Steel & Power, el procurador general Héctor Arce ratificó ayer que el Estado boliviano y la entidad que dirige no tienen relación con este arbitraje ‘netamente comercial’, o sea entre la firma india y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).
El laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, dictó la sentencia por la ejecución de dos boletas de garantía. El abogado de la Jindal Steel Bolivia (JSB), subsidiaria de la transnacional, Jorge Valda, indicó el lunes que la sanción suma los $us 18 millones de las boletas y los $us 4,5 millones por los intereses,
“Es un laudo, un arbitraje entre la Jindal Steel Bolivia y la Empresa Siderúrgica del Mutún de acuerdo a la Ley 1770. De acuerdo a la Ley de Arbitraje y Conciliación que está en vigencia, (es) un arbitraje netamente comercial, no tiene nada que ver la Procuraduría General del Estado, no tiene nada que ver el Estado como tal”, aclaró ayer Arce en entrevista con la red ATB.
Proyecto. La ESM ejecutó las boletas de la JSB el 15 de abril de 2010. El 18 de julio de 2007, esta compañía y la estatal firmaron un contrato de riesgo compartido por el que Jindal se comprometía a invertir $us 600 millones en los dos primeros años para la explotación de hierro en el Mutún, en Santa Cruz. La inversión total para el proyecto siderúrgico era de $us 2.100 millones en el 50% del yacimiento.
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, señaló el miércoles que la JSB no demandó al Estado en diciembre de 2011, por ello la que asumió la defensa es la ESM, que interpuso el reciente 18 de agosto un recurso de complementariedad y aclaración de la sentencia, a lo cual la Corte debía pronunciarse hasta el jueves.
Aparte, adelantó que la estatal pedirá la anulación del fallo. La ESM hace “una evaluación junto a su equipo de abogados, va a presentar en el lapso de diez días, como establece la norma, el recurso de anulación del laudo, porque consideramos que se está violando la normativa boliviana”. Uno de los alegatos, reveló, es que el proceso que se llevó en la CCI se basó en el Código Procesal Civil boliviano y esa norma no se encuentra vigente.
Ayer, el Procurador General evitó emitir algún criterio sobre el juicio, aunque sostuvo que está enterado de que la entidad correspondiente usará una serie de mecanismos legales para impugnar y exigir la nulidad de la determinación de la Corte. El vicepresidente Álvaro García también declaró el miércoles que se recusará la decisión y que se apelará a los tribunales que correspondan para defender al país.
El abogado Valda sostuvo que Bolivia tiene diez días para solicitar una aclaración o enmienda de la sentencia, y 30 días para cumplir con el pago de $us 22,5 millones. Anunció que la empresa india exigirá una indemnización de al menos $us 100 millones por los daños y perjuicios ocasionados.
Al respecto, según ANF, Arce remarcó que un segundo arbitraje interpuesto por la Jindal en contra del Estado, por una compensación de $us 100 millones, no corresponde, porque Bolivia no tiene un acuerdo bilateral firmado con la India entre los 22 tratados bilaterales suscritos entre ambas naciones.
La posición empresarial
Obligatorio
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, indicó ayer que el Gobierno debe acatar el fallo porque es de cumplimiento obligatorio, aunque hay opción de apelarlo y de negociarlo.
