La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió ayer al Gobierno “meter a la cárcel” a los dueños de vehículos indocumentados que piden una nueva nacionalización debido a que no tributan y se benefician de la subvención a los carburantes.
“Ojalá que los metan presos a los que piden que se nacionalice lo ilegal, eso debería ser (lo correcto), el Gobierno y la Fiscalía (deberían) perseguir a los ilegales y meterlos presos”, dijo ayer el presidente de la CEPB, Daniel Sánchez.
El miércoles, los dueños de los motorizados chutos de Caranavi determinaron pedir la renuncia de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y la compensación de $us 5.000 por cada uno de sus vehículos. La medida fue asumida en una reunión realizada en el municipio del norte paceño.
Sánchez enfatizó que las autoridades gubernamentales deben tomar conciencia de que la actitud asumida por los dueños de los coches ilegales es el de tratar de “justificar la ilegalidad”. Agregó que se debe cumplir las leyes para evitar dicha acción ilícita.
El 8 de julio, Ardaya anunció la coordinación de acciones conjuntas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para restringir la venta de combustible a los dueños de los autos chutos. Además de impedir su acceso a repuestos.
En esa línea, el presidente de la CEPB indicó que los dueños de los chutos se benefician del subsidio a los hidrocarburos y no pagan tributos. “Estamos manteniendo a unos ilegales a los cuales deberíamos meterlos presos”. La Aduana precisó que desde el 23 de julio a la fecha se comisó entre 190 y 195 vehículos chutos.
