La Asociación Nacional de Propietarios de Vehículos Indocumentados (ANPVI) decidió suspender sus medidas de presión por cinco días en espera de la liberación de 11 de sus dirigentes. El Gobierno ratificó que no permitirá bloqueos de este sector y que enviará a los líderes de estas movilizaciones a prisión.
“Estamos vigilando desde las ciudades en las que fueron arrestados nuestros dirigentes, porque consideramos que es un atropello”, dijo Gregorio Jiménez, exdirigente de la ANPVI. Si el Gobierno no los libera hasta el viernes, el bloqueo de carreteras se reiniciará “de forma inmediata”, agregó. Este medio intentó comunicarse con Ezequiel Patzi, miembro de la directiva de la asociación, pero el representante no contestó su teléfono celular
El miércoles, los dueños de coches indocumentados cerraron varias carreteras en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Tarija en demanda de una nueva amnistía para nacionalizar sus motorizados. La intervención policial despejó las rutas y dejó al menos 17 detenidos, 11 de los cuales fueron remitidos a cárceles del país, entre ellos los principales dirigentes de la ANPVI: Félix Mamani, del Chapare, y Carmelo Gómez, de la Chiquitanía.
“No vamos a permitir bloqueos de personas vinculadas al tráfico ilegal de vehículos”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, quien advirtió además que la Policía arrestará a los líderes de estas medidas de presión y que la Fiscalía los procesará por apología del delito y asociación delictuosa.
Las autoridades del Ejecutivo, de la Aduana Nacional de Bolivia y representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional descartaron cualquier posibilidad de nacionalizar los al menos 225.000 motorizados indocumentados o chutos que se presume existen en el territorio nacional.
