Bolivia ha realizado un esfuerzo en los últimos años para reducir la inseguridad alimentaria a través de políticas que han permitido que el porcentaje de personas desnutridas descienda del 38 % en 1990-92 al 19,5 % en 2012-14.
Esta es una de las conclusiones recogidas en el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros dos organismos de la ONU: el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
«Bolivia ha desarrollado un entorno político que es propicio para los pueblos indígenas y las organizaciones de pequeños productores, por lo que es, junto con Ecuador, un caso excepcional en América del Sur», señala el documento.
También subraya que estas políticas de seguridad permitieron reducir la desnutrición en 7,4 puntos porcentuales entre 2009-2011 y 2012-2014, mientras que la desnutrición crónica en niños menores de tres años también disminuyó al 18,5 % en 2012, respecto al 26,4 % de 2008.
Acabar con el hambre, dice el informe, es un objetivo incluido en los planes de desarrollo del país, como la Agenda Patriótica 2025, que contempla la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en línea con los objetivos internacionales de seguridad alimentaria y nutrición.
La agricultura, sostiene la ONU, desempeña un papel fundamental en la estrategia de seguridad alimentaria de Bolivia, pues un tercio de la población vive en zonas rurales donde la pobreza es generalizada.
Desde 2006, dice el documento, las leyes del país han permitido a las comunidades indígenas y a los pequeños agricultores un mayor acceso a la tierra, ofreciendo seguridad a las personas que antes eran marginadas.
Así, en 2007, el Gobierno de Bolivia, recuerda el informe, aprobó el «Plan Nacional de Desarrollo», que estableció la seguridad alimentaria como la piedra angular de su soberanía nacional.
Sin embargo, el principal hito, según el documento, ha sido la adopción de una nueva Constitución en 2009 que proclama el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, y protege una serie de derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación.
Además, en 2012, el Gobierno aprobó la «Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien», que establece las bases para el desarrollo sostenible, promueve la conservación y la regeneración del medio ambiente, y recupera y fortalece el conocimiento local y tradicional.
La ONU también informa de que varias empresas estatales se encargan de incrementar la productividad alimentaria en Bolivia, como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.
