El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, y la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, denunciaron ayer, en La Paz, irregularidades en el proceso que esa empresa le sigue a la aseguradora Credinform, después de que la Sala Penal 3ª del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fallara a favor de la aseguradora, causando un daño económico al Estado de $us 8,5 millones.
“Nos preocupa mucho, Misicuni son los primeros interesados y nunca fueron notificados, tenían que haber notificado, o sea no se han cumplido los procedimientos, y nos salen con una resolución de este tipo, que por supuesto nos pone un gran signo de interrogación, en relación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, dijo Suxo.
Alvarado explicó que mediante un Amparo Constitucional, aprobado por la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) fue suspendida para asumir medidas precautorias, como la anotación preventiva de las inversiones de la firma Credinform, recurso que fue resuelto sin haberse notificado a la parte interesada, como es la Empresa Misicuni.
“Siendo Misicuni la parte más interesada en este amparo constitucional debían habernos notificado a nosotros antes de haber tomado esta decisión, por esa razón creemos que ha habido una irregularidad en este proceso. Frente a esta situación que está poniendo en riesgo $us 8,5 millones que adeuda Credinform a Misicuni”, agregó.
Anunció que la empresa tomará las acciones correspondientes, “en particular (contra) los vocales Virginia Crespo, Ricardo Chumacero y Ángel Arias han suspendido la medida precautoria que esta autoridad ha tomado”. Asimismo, denunció que la vocal Virginia Crespo debió recusarse de atender el caso, porque es excuñada del abogado patrocinador de la aseguradora Credinform, Víctor Hugo Chávez.
