“La Iglesia Católica, desde el punto de vista del Estado, es un sector privado, por tanto debe cumplir con todas sus obligaciones”, afirmó ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
La declaración de Arce viene a propósito de que el pasado jueves, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Eugenio Scarpellini, acusó al Estado de realizar “gastos suntuosos” como la compra de “coches y aviones” y que el Estado debería hacerse cargo del pago del segundo aguinaldo a los funcionarios de las obras sociales de la Iglesia Católica.
Arce señaló ayer en el canal estatal que en el país hay otras instituciones igual que la Iglesia Católica que realizan programas sociales y de beneficencia, y que “si le damos lo que pide la Iglesia Católica de pagar el segundo aguinaldo, por supuesto que tendríamos que pagar a las otras instituciones más, porque no es la única, y somos un Estado laico”. Además que eso significaría una gran cantidad de dinero.
Arce también cuestionó que los programas que ha emprendido la Iglesia Católica “nunca han sido coordinados con el Gobierno central”.
Mencionó que las actividades de la entidad religiosa son iniciativas y emprendimientos privados, y que cuando uno emprende algo así, por más social que sea, tiene que saber todos los gastos y responsabilidades que se asume; por tanto, están obligadas a cumplir.
