El Ministerio Público reestructuró casi por completo la comisión de fiscales que investigaba las circunstancias de la muerte de Alexander Ch. V., de ocho meses, hace 27 días. Solo uno de sus cuatro miembros continuará con ese trabajo, se conoció ayer. El viernes, dos de sus integrantes, Rosby Zapata y Lizeth Zarco, fueron destituidos por el fiscal general, Ramiro Guerrero, por “falta de compromiso y dedicación al trabajo”.
Ayer, Patricia Santos, fiscal departamental de La Paz, dio a conocer del alejamiento de Edna Montoya. En el equipo solo quedó Edwin Blanco. En horas de la tarde se anunció que la fiscal departamental será parte de la comisión, además de Susana Boyán, Leopoldo Ramos y Gastón Corrales, este último de Sucre.
Por la mañana, Santos anunció que tras la reestructuración del equipo, la investigación iba a dar un “giro de 180 grados”. Ello significa que se continuará con lo avanzado, “no se puede hablar de nueva investigación”, recalcó.
“Esta nueva comisión es la que va a culminar la investigación. La investigación continúa, el hecho de haber cambiado fiscales no paraliza la investigación”, apuntó la jueza 2ª de Instrucción Penal Cautelar, Lía Cardozo, quien pidió no hacer especulaciones sobre el escabroso caso. El vicepresidente del Estado, Álvaro García, dijo también que el suceso revela la “ineptitud” y la “monstruosidad” de la administración de justicia, del sistema de salud y de la administración pública.
“Está claro que el problema del niño ha revelado no solamente las injusticias, sino la debilidad y la ineptitud de varias instituciones. No hay por qué esconderlo, ese niño ha muerto por inoperancia, ineptitud, por maltrato, por abandono; y encima van tres semanas y no sabemos cómo fue la muerte”, recalcó.
El 13 de noviembre, Alexander fue enviado al Hospital del Niño luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Hogar Virgen de Fátima, donde vivía. En el nosocomio el bebé fue reanimado, pero como no había espacio en su unidad de cuidados intensivos, los médicos tramitaron su traslado al hospital Juan XXIII, donde falleció.
“Eso habla mal de la estructura de salud, de las personas encargadas de la salud, de los investigadores, es una pena y una vergüenza; ojalá en los siguientes días la gente pueda saber qué pasó con el niño. Ese ha sido un reflejo que ha demostrado la monstruosidad de varios sistemas de organización, de la justicia, de la salud y la administración pública que deben ser corregidos”, dijo García. Por este caso fueron imputadas diez personas, tres son funcionarios del centro de acogida de la Gobernación y el resto, médicos y enfermeras de los dos hospitales.
Abogado denuncia amenazas
Sedeges
Marco García, defensor de los trabajadores del centro de acogida, señaló que personal del Sedeges amenaza a sus clientes. “Van a sus casas y los amenazan para que den informes”.
