Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó denuncia ante el Ministerio Público contra dos funcionarios de la petrolera estatal y parientes de éstos por uso indebido de influencias y otros como delitos relacionados a legitimación de ganancias.
Esta denuncia se suma a otra presentada por YPFB en 2012 contra el entonces gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos Gerson Rojas. Según las pesquisas, el ejecutivo habría recibido sobornos para adjudicar la construcción de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande.
En el presente caso, los acusados son S. C. G., funcionaria de Almacenes de YPFB Chaco, y E. T. F., jefe de la Unidad de Comunicación de YPFB Corporación.
Una vez que la Unidad de Transparencia y la Dirección General Legal de la estatal petrolera presentaron la denuncia ante la Justicia Ordinaria, se solicitó el apoyo del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que participe en el proceso de investigación, en el marco de su competencia establecida en la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, señala la empresa en un comunicado.
El caso se encuentra en investigación en el Ministerio Público a solicitud de la compañía, que coadyuva en el proceso de averiguación. En esta primera denuncia se encuentra involucrada E. R. R., quien era representante de la empresa Colibrí, se informó en la firma estatal. Asimismo, fue aprehendido G. A. T., en la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, quien tenía comunicación cercana con la hermana de S. C. G.
En la lista de detenidos igualmente figuran L. A. B. C., hijo de la funcionaria de Almacenes de YPFB Chaco, quien participó conjuntamente a Y. B. E. en la adjudicación de aproximadamente medio millón de dólares. En una segunda denuncia ampliatoria se confirma la red de corrupción en contra de la familia de S. C. G., que se adjudicó una serie de licitaciones en la misma Unidad de Comunicación.
Contratos millonarios para plantas
El exgerente de YPFB Gerson Rojas tuvo a su cargo el proceso de licitación, calificación y adjudicación de las plantas de Separación de Líquidos Río Grande ($us 159,4 millones) y Gran Chaco ($us 498,65 millones). Estas irregularidades pusieron en duda la continuidad o no de los dos proyectos.
