La eléctrica española Iberdrola interpuso un arbitraje contra el Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en 2012. La notificación de la medida fue hecha el 29 de julio de 2014 y fue revelada ayer en el informe anual del grupo.
Según el diario español El País, Iberdrola, en su informe de 2014, recuerda que en abril de 2013 notificó al Estado boliviano sobre la controversia por la nacionalización; desde entonces, hubo varias reuniones con los representantes del Gobierno de Bolivia, sin que se haya podido llegar a un algún acuerdo.
“Habiendo transcurrido sobradamente el plazo mínimo de seis meses desde la notificación de controversia sin que se haya resuelto la controversia de forma amistosa, quedó abierta la vía del arbitraje internacional a la cual se ha acudido mediante notificación de arbitraje presentada por el Grupo Iberdrola”, señala el informe anual al respecto.
Controversia. El diario indica que dicha notificación fue presentada el 29 de julio de 2014, pero es la primera vez que la española Iberdrola la hace conocer. Se prevé que la controversia se dirimirá en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Este medio intentó comunicarse con el procurador general del Estado, Héctor Arce, para confirmar si el Estado recibió la notificación de arbitraje interpuesto por la empresa española, pero la Unidad de Comunicación de la Procuraduría informó que la autoridad está fuera del país en misión oficial, “sosteniendo audiencias y reuniones vinculadas a los arbitrajes internacionales que enfrenta Bolivia”, según nota de prensa.
El 22 de octubre de 2014, el Procurador informó que había un proceso de negociación con la española Iberdrola, con “importantes avances”, aunque no se tenía la certeza de lograr un convenio por la expropiación de las filiales de la compañía: Electropaz, ELFEO, CADEB y Edeser.
Ese día de octubre se había aprobado el Decreto 2156 para indemnizar con $us 65 millones a la firma española Red Eléctrica Internacional (REI) por la expropiación de 2012 de sus acciones en su filial TDE.
Las acciones de las filiales de Iberdrola fueron expropiadas el 29 de diciembre de 2012, vía decreto. Se trataba de: Electricidad de La Paz (Electropaz), Luz y Fuerza de Oruro (ELFEO SA), Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA (CADEB) y la Empresa de Servicios (Edeser).
Compensación adecuada
La empresa española Iberdrola recordó que el Tratado de Protección de Inversiones entre España y Bolivia establece que “las expropiaciones deben ir acompañadas del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.
El 29 de diciembre de 2012, el Gobierno nacionalizó las acciones de cuatro filiales de la empresa eléctrica Iberdrola. Entonces, el vicepresidente Álvaro García Linera prometió que se cancelaría a la firma española “una remuneración justa”.
El 27 de junio de 2014, el procurador general del Estado, Héctor Arce, indicó que se buscaba una solución amistosa con Iberdrola antes de enfrentar un arbitraje porque —señaló— “incluso es más económico, tanto para el Estado como para las empresas”.
El 5 de marzo, de 2014, el embajador de España, Ángel Vázquez, dijo que en cualquier proceso de expropiación lo deseable es que se respete una indemnización justa y en un tiempo razonable.
