El Gobierno y la Coordinadora de Transporte Pesado firmaron anoche un acuerdo respecto a la aplicación del Decreto Supremo 2295 de Nacionalización de Mercadería en Frontera y así las amenazas de movilizaciones quedaron sin efecto.
Los transportistas se reunieron con autoridades del Ministerio de Economía y el titular de Obras Públicas, Milton Claros, para dar a conocer sus demandas sobre la aplicación de la norma, luego de que fracasara el diálogo que se dio el martes con la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos.
El documento firmado consta de cinco puntos. El principal pedido del transporte era que el decreto no sea obligatorio, debido a que en los puntos de control —donde esperan la autorización para el ingreso de sus mercaderías— no existen condiciones técnicas ni salubres para una larga espera.
Diálogo. Para ello se definió que los ministerios de Economía y de Obras Públicas “procederán a la inspección de la infraestructura carretera de los puntos fronterizos (…) a objeto de facilitar el cumplimiento del Decreto Supremo 2295”, según dicta el acuerdo.
“El Ministro de Economía se comprometió a que se van a instalar recintos aduaneros en las fronteras; él estima poder materializarlo en dos años”, indicó el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de El Alto, Gustavo Rivadeneira. En contrapartida, este sector decidió dejar de lado las movilizaciones que había anunciado.
El Gobierno también se comprometió a elaborar una normativa para incluir un despacho anticipado en frontera de algunas mercaderías, lo que “ayudará a evitar el congestionamiento de carga”, agregó Rivadeneira. El acuerdo busca además que se instalen mesas de trabajo; el transporte pesado se comprometió a coadyuvar en la lucha contra el contrabando.
