La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) determinó ayer en un ampliado realizado en Oruro dar un plazo de siete días para que el Gobierno responda a todos sus planteamientos. Caso contrario, advierte con movilizaciones.
Unos 3.000 delegados cooperativistas mineros se dieron cita el martes en la ciudad de Pagador para exigir, entre otros puntos, que el Ejecutivo resuelva el problema de la Cooperativa Minera 26 de Febrero de Colquiri. El ampliado nacional comenzó cerca del mediodía y terminó a las 18.00.
Otros puntos analizados tienen que ver con la revisión del pacto político con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Los cuentapropistas piden que el Gobierno sea sincero y diga si los cooperativistas se encuentran dentro de sus planes o solo fueron utilizados políticamente.
“No solamente se habla de 180.000 cooperativistas, somos más de un millón incluidos nuestros padres, nuestros hijos, toda la familia íntegra del movimiento cooperativo boliviano, además nos encontramos declarados en estado de emergencia”, aseveró el presidente de la Fencomin, Alejandro Santos.
Señaló que hasta la fecha el sector cooperativo no ha tenido una respuesta favorable a los puntos planteados al Gobierno, como la rebaja del material explosivo, la inyección económica al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) y la anulación del Decreto Supremo 2398. No se descarta ninguna movilización y una de las primeras sería a la llegada del papa Francisco, afirmó el dirigente.
Explicó que en el ampliado los delegados cuestionaron a la cúpula dirigencial porque hasta la fecha no hubo avances. El Ministerio de Minería y Metalurgia convocó a la dirigencia de Fencomin a dos reuniones, una prevista para hoy y la otra para el 7 de julio.
“Ahora voy a mantener la posición de todas las federaciones y hacer respetar las conclusiones de este ampliado y no queda otra que convocar a las medidas de hecho si no existen respuestas favorables a los puntos planteados”, manifestó Santos.
Respecto al conflicto en Colquiri, dijo que es un problema que en tres años no se ha podido resolver y que hacen un último pedido al Gobierno para que este punto sea resuelto hasta el 7 de julio. “No estamos pidiendo ampliación de área ni otras áreas en otros centros mineros, más al contrario pedimos que se respeten nuestras áreas preconstituidas, tal cual han sido transferidos con contratos de arrendamiento a favor de la Cooperativa Minera 26 de Febrero”.
