El comité especial de la ONU sobre las reestructuraciones de deuda soberana aprobó ayer una lista de nueve principios que trasladará a la Asamblea General de la organización para la creación de un marco legal que regule este tipo de procesos.
El comité ad hoc, creado en diciembre a través de una resolución de la propia Asamblea, nació como respuesta al conflicto entre Argentina y los fondos especulativos y ha estado liderado en todo momento por los países en desarrollo.
Mientras, muchas potencias económicas se han mantenido al margen y no han participado en el proceso, bajo el argumento de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) no es el foro adecuado para tratar este asunto. En el documento adoptado por unanimidad, el comité señala que todos los países tienen que poder reestructurar su deuda y no deben ver ese derecho restringido por “medidas abusivas”.
ESTADOS. Entre los principios incluidos en el texto destacan el de la “inmunidad soberana” de los Estados frente a tribunales extranjeros y el del respeto de las mayorías en los procesos de reestructuración, según el cual se deben aceptar las decisiones respaldadas por una mayoría cualificada de los acreedores.
Ambos puntos son clave en el caso de Argentina, al que un juez estadounidense ordenó pagar 1.300 millones de dólares, más intereses, a un pequeño grupo de fondos que no aceptaron la reestructuración de la deuda argentina en mora desde 2001.
Esa sentencia favorable a los litigantes (que representan poco más del 1% de los acreedores) bloqueó los pagos depositados por Argentina para cumplir con el 92,4% de los bonistas que sí aceptaron las reestructuraciones planteadas en 2005 y 2010.
EQUIDAD. Además, el comité de la ONU defiende los principios de “igualdad de trato” para todos los acreedores y la necesidad de “imparcialidad” en todas las instituciones y actores involucrados en los procesos de reestructuración.
También aboga por la “sostenibilidad” y considera que las reestructuraciones de deuda soberana deben preservar los derechos de los acreedores, pero a la vez promover un “crecimiento sostenible e inclusivo” en el país. La Asamblea se debe pronunciar antes del 15 de septiembre, según dijo el embajador boliviano ante Naciones Unidas, Sacha Llorenti, presidente del comité especial.
A priori, la creación en la ONU de un marco que regule las reestructuraciones de deuda soberana cuenta con el respaldo de una mayoría de los miembros de la organización, tal y como mostró la amplia mayoría obtenida el pasado año para iniciar el proceso de negociación.
