A casi una década del inicio de la política de nacionalización, la Procuraduría General del Estado (PGE) dijo ayer que se cierra un ciclo de expropiaciones “importantes” de empresas sin haber ahuyentado las inversiones. Anunció que no se ha considerado hacer más estatizaciones.
“La era de las nacionalizaciones importantes en el país ha culminado y ha concluido con éxito. Esta forma de nacionalizar (las empresas) de forma responsable no ha ahuyentado la inversión, tanto nacional como extranjera, y la inversión está presente”, comunicó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta.
La autoridad señaló que todo Estado tiene el derecho de nacionalizar y es un derecho que no se pierde. Empero, aseguró que de manera oficial no se ha considerado que se realice a futuro “ninguna otra nacionalización”, por lo cual existe “un clima de absoluta tranquilidad” para las firmas privadas nacionales y extranjeras. Aseguró que se asumieron medidas para garantizar la seguridad jurídica con base en los nuevos principios del Estado boliviano, que indican que el país “quiere socios y no patrones”.
En esa línea, Arce afirmó que se valora la inversión nacional e internacional. Añadió que se han aprobado las leyes de la Empresa Pública, de Promoción de las Inversiones, de Conciliación y Arbitraje, con las cuales existe una “absoluta tranquilidad” del empresariado privado nacional y extranjero.
La autoridad destacó que la aplicación desde 2006 de la política gubernamental de nacionalización de las empresas estratégicas ha sido “ampliamente favorable” y ha permitido disminuir la pobreza extrema de 38,5% en 2005 a 18,8% hasta 2013.
“En menos de diez años, 2 millones de personas han salido de la extrema pobreza en Bolivia y ése es un indicador que tiene una directa relación con la nacionalización”, recordó Arce. El 22 de enero de este año, el presidente Evo Morales Ayma manifestó que la pobreza extrema en Bolivia se reducirá a 8% hasta la gestión 2020.
Resultados. El Procurador sostuvo también que el proceso de expropiación ha posibilitado un crecimiento promedio de la economía boliviana del 5%, indicador que supera a los países de la región. Acotó que esa política ha permitido un crecimiento sostenido de la inversión pública.
“Bolivia es el país que más nacionalizaciones ha efectuado, pero que más beneficios ha obtenido de las nacionalizaciones y que menos conflictos legales tiene”, expresó Arce. La Razón publicó que la defensa legal del Estado ahorró al país unos $us 2.000 millones en la consolidación de la nacionalización de empresas en lo referido al pago de indemnizaciones a las firmas extranjeras que se beneficiaron del proceso de capitalización.
Desde mayo de 2006 hasta diciembre de 2013, el Gobierno nacionalizó firmas del sector petrolero, eléctrico, minero y de telecomunicaciones. También estatizó una cementera y una distribuidora de gasolina de aviación. En febrero de 2013, el Ejecutivo informó que esa política generó “grandes ingresos” y utilidades al Estado.
Desarrollo económico
Encuentro
Arce dijo que entre el 26 y 27 de noviembre se efectuará en Cochabamba el Seminario Internacional 2015 sobre la nacionalización de los recursos naturales, el desarrollo económico y la defensa legal del Estado.
Arce destaca posición de CIADI en el caso Quiborax
La Procuraduría General del Estado (PGE) calificó ayer como un “éxito” la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de aceptar la petición de anulación que presentó el país contra el laudo que la obligaba a pagar a Quiborax $us 48,6 millones.
“Bolivia está impugnando esta situación y lo hemos hecho con bastante éxito porque el Tribunal ha suspendido cualquier ejecución en contra del país”, afirmó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta.
El 21 de septiembre, la PGE presentó en Washington, Estados Unidos, la solicitud de anulación en contra del laudo emitido el 16 de septiembre en el caso Quiborax y Non-Metallic Minerals SA contra el Estado boliviano, según un comunicado de la entidad.
La sentencia, cuyo recurso debe considerar el foro de arbitraje y conciliación del Grupo del Banco Mundial (BM), insta al Estado a pagar $us 48,6 millones a la empresa minera de Chile Quiborax por una presunta obstaculización a “la libre administración, uso, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones” de esa firma “a través de medidas injustificadas o discriminatorias”.
