La Asociación de Jubilados y Rentistas de la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) denunció al que fue máximo accionista de la cementera hasta diciembre de 2014, Samuel Doria Medina, y a su hermana, María Lourdes Doria Medina, por el delito de estelionato.
La denuncia fue presentada en septiembre, tal como explicó el abogado de los extrabajadores, Javier Salinas, y amplía las tres acusaciones del proceso abierto en 2013 contra Doria Medina y su hermana por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Los denunciantes arguyen que el exministro de Planeamiento y Coordinación, empresario y tres veces candidato a la presidencia vendió acciones que le eran ajenas y que además estaban sujetas a proceso judicial (litigiosas) al firmar, en diciembre de 2014, el traspaso de las mismas (el 51,35% de Soboce) a Holding Cementero SA, perteneciente al peruano Grupo Gloria. El 47% de las acciones ya eran entonces propiedad del consorcio peruano, que pasó a tener el 99%.
JUSTICIA. Según Salinas, fue en esta operación donde radicó el estelionato, puesto que una parte de las acciones vendidas por el empresario, que ya en aquel momento reclamaban los denunciantes, pertenecen por derecho a los jubilados y rentistas de Soboce.
“Ha sido un acto alevoso” sobre el que “queremos que se haga justicia” y respecto del que “no hay prescripción posible”, subrayó Salinas, “debe ir a la cárcel el agente del delito”, en alusión a Doria Medina.
Por su parte, el abogado de Samuel Doria Medina, Héctor Tapia, afirmó que los extrabajadores “nunca han sido titulares de una sola acción” y que tampoco “han formado parte” de la Asociación Laboral de Soboce, puesto que se trata de “un ente de empleados activos” al cual no pertenecen los demandantes en su condición de jubilados, y para cuya constitución los trabajadores “tenían que comprar acciones”, algo que “no llegó nunca” a consumarse.
“Si ellos exhibieran un recibo o una sola acción” o “tuvieran un respaldo mínimo” que demuestre la propiedad de ese 10% de las acciones, apuntó Tapia, “no hubiéramos tenido ningún inconveniente en tomar en consideración” la demanda. Lo que los demandantes “pretenden es meter miedo”, dijo el abogado defensor.
La reclamación de fondo de los extrabajadores de Soboce es la recuperación efectiva del 10% del accionariado de la cementera privada que, según reivindican, les pertenece desde 1975. Aquel año, el entonces presidente, Hugo Villegas, otorgó a los trabajadores esta participación con motivo del quincuagésimo aniversario de la empresa cementera. Son 179 familias las que reclaman esta participación accionaria en la firma.
