El tratamiento del proyecto de la Ley 323 de modificaciones al Código Tributario Boliviano no es de prioridad para la Asamblea Legislativa, su Cámara de Senadores, ni para su Comisión de Planificación de Política Económica, según un comunicado de prensa.
La Razón publicó el viernes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) repuso en la Asamblea Legislativa el tratamiento del proyecto de Ley 323 que faculta al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a clausurar negocios por un lapso de 6 a 150 días ante la no emisión de la factura o nota fiscal por la venta de un producto o la prestación de un servicio.
La norma fue presentada en la legislatura pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aunque posteriormente se paralizó su tratamiento debido al rechazo generado en diversos sectores como gremiales, micro y pequeños empresarios, Asociación de Surtidores de Bolivia (Asosur) y Cámara Boliviana de Hotelería, entre otros. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido el viernes por la Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas Públicas de la Cámara Alta, esta instancia no se encuentra tratando dicho proyecto de ley y “no figura entre los temas prioritarios para la presente legislatura”.
CARTA. No obstante, los miembros de esa comisión legislativa reciben actualmente en audiencias a algunos sectores de contribuyentes que solicitaron las reuniones tras enterarse que, el 12 de mayo, la senadora Máxima Apaza (MAS) solicitó al Senado la reposición de dicha norma. La carta de solicitud está dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales Samaniego.
Algunos sectores que se reunieron esta semana con los miembros de esta comisión fueron la Confederación de Gremiales de Bolivia, la Asociación de Surtidores de Bolivia (Asosur) y la Cámara Hotelera Nacional.
Sin embargo, la nota de prensa enviada a este medio señala que “ni la recepción de las notas remitidas a la comisión legislativa, ni las audiencias con los sectores de contribuyentes implica que la norma en mención esté en tratamiento”.
Los dirigentes de los gremiales y de la Asosur dijeron a La Razón que rechazaron la norma porque vulnera sus derechos y plantearon la eliminación de los artículos que endurecen las sanciones por la no emisión de facturas. Pidieron que la norma sea archivada. El artículo 2 del proyecto de ley modifica el artículo 164 del Código Tributario e incorpora sanciones con agravantes de hasta 150 días de clausura de los negocios.
