Argentina es el mayor proveedor de Bolivia de harina de trigo, arroz y maíz. A agosto de 2015, del total de las importaciones de esos alimentos, al menos el 53% proviene de esa nación. El alza de las compras se debe a la devaluación del peso argentino.
El valor de las compras bolivianas de harina de trigo alcanzó, a agosto de este año, a $us 49,5 millones, de los cuales el 99,23% se importó de Argentina, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que fueron sistematizados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Al octavo mes de este año, las importaciones de arroz sumaron $us 12,3 millones, de las que el 53,36% se compró del vecino país. En tanto, el 74,76% del valor total de las compras de maíz, en ese lapso, proviene de Argentina.
En los últimos cinco años, las internaciones de esos tres alimentos se incrementaron de manera sostenida. Argentina es el principal país del que se adquieren esos productos, luego está Brasil y Estados Unidos. (Ver infografía).
devaluación. El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, explicó que el incremento permanente de las importaciones de alimentos se debe fundamentalmente a la devaluación del peso argentino y el real brasileño. “Esa medida representa un duro golpe para nuestro sector productivo”.
“En la frontera con Argentina, los bagalleros usan el tráfico vecinal fronterizo para introducir grandes cantidades de alimentos, para luego acumularlos y después meterlos como contrabando”.
Rodríguez manifestó que a ello se suma que en los últimos meses se registró un alza de la importación de mínimas cuantías, sobre todo de alimentos.
“Esas son distorsiones que deben solucionarse, pues están generando una competencia desleal a la producción nacional por los bajos precios”.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, señaló que el aumento sustancial del ingreso legal e ilegal de alimentos está “destruyendo la industria nacional” porque es difícil competir con los bajos precios de los productos de los vecinos países, lo que afecta a un sector estratégico que es el alimenticio.
Nostas indicó además que el aumento de las compras desmotiva la producción alimenticia, reduce la capacidad de inversión del empresariado, fomenta la informalidad y debilita la generación de empleo. “El efecto a los productores es un golpe muy duro porque si no podemos competir con los alimentos de los vecinos países, dejamos de producir y mañana nos quedaremos sin la producción local de alimentos y subirán los precios”, advirtió. Rodríguez consideró que es “mas rentable” adquirir harina de trigo argentina por su bajo precio que comprar el trigo boliviano.
Incorporan productos al subsidio
Ante la sobreoferta de trigo, arroz y leche en el mercado nacional, el Gobierno incorporó estos alimentos al paquete del subsidio de lactancia como una medida paliativa, dijo a La Razón el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. “Es un mecanismo para promover la producción nacional”.
Cocarico agregó que la empresa estatal Emapa adquirió trigo de los productores. La autoridad no descartó efectuar medidas similares para otros alimentos afectados. La autoridad señaló que Bolivia es “autosuficiente” en la mayoría de los alimentos como el arroz, la caña de azúcar, el maíz y otros. Empero, afirmó que la devaluación del peso argentino y el real brasileño ocasionó la reducción de precios de los alimentos convirtiendo a Bolivia en un “mercado atractivo”, lo que incrementó las importaciones. “Es inminente que esto significa un riesgo para la producción boliviana porque los precios no son competitivos”.
Se evaluará alza de aranceles para otros alimentos
Aline quispe
El Gobierno abrió la posibilidad de evaluar el incremento de las alícuotas del Gravamen Arancelario (GA) para la importación de harina, trigo, arroz, azúcar, maíz y otros productos. El privado IBCE solicita otorgar a los productores “precios de garantía” de los alimentos para incentivar su cultivo.
“Aquellos productos que no están incorporados en el decreto (arroz, harina, azúcar y otros) siempre hay la posibilidad de evaluar el alza de aranceles porque nos interesa proteger la producción nacional. Si hay la necesidad, se lo tendrá que hacer”, dijo a La Razón el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.
La autoridad recordó que el 16 de septiembre se aprobó el Decreto 2522 que eleva las alícuotas del Gravamen Arancelario (GA) para la importación de varios productos. La norma sube el arancel para la internación de la leche y nata (crema); el yogur; las uvas frescas y secas; el café tostado o descafeinado y molido; las papas, las demás hortalizas, entre otros.
Cocarico dijo que existe un convenio suscrito con la Aduana, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y dos municipios de Tarija para hacer un “control estricto” en las fronteras y en poblaciones intermedias para frenar el ingreso de contrabando.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo que gracias al aumento de la importación legal e ilegal de harina de trigo, arroz, trigo, productos lácteos, maíz y azúcar existe una sobreoferta en el mercado, por lo que los precios han disminuido.
El ejecutivo explicó que la medida desincentiva la producción, por lo que se reducirán los cultivos y habrá desabastecimiento. Por ello, señaló que es necesario otorgar “precios de garantía” a los productores para evitar que se desanimen a seguir sembrando los principales alimentos.
Ante el alza de la importación de alimentos, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, indicó que es necesario proteger la industria local porque existe el riesgo de debilitar la demanda interna que mantiene el crecimiento económico.
“Se debe entender la importancia de tener una industria fuerte pues significa independencia”. Por tal razón, dijo, se debe incrementar el arancel del arroz, la harina, el maíz y otros. El empresario cruceño agregó que los controles de la Aduana deben ser más “agresivos” y subir la “sensación de riesgo” para reducir el ingreso ilegal de alimentos.
