La Cámara de Diputados aprobó los nueve principios adoptados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre reestructuración de la deuda soberana para que sea justa y económicamente sostenible. Entre los principios incorpora el derecho de los Estados de elaborar sus políticas macroeconómicas sin obstáculos de “medidas abusivas” de acreedores.
La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, es la proyectistas de la iniciativa y aseguró que “nunca antes se había logrado establecer un mecanismo específico para la discusión de este debate (la deuda externa) tan importante para los Estados”.
Los principios llegaron a la Asamblea General tras dos años de deliberaciones por un Comité Especial, del cual formó parte el embajador Sacha Llorenti, que los acordó en su tercera sesión de trabajo, en la sede de la ONU en Nueva York. Los nueve puntos habían sido presentados inicialmente por el G77 más China.
Argentina fue uno de los países que enfrentó problemas en el proceso de reestructuración de su deuda externa. Los llamados “buitres» poseen bonos del Estado que no entraron en la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, y reclaman el pago total de los títulos que poseen y que llegan a $us 1.300 millones.
El 10 de septiembre, la ONU aprobó la resolución A/RES/69/319 que contiene nueve principios de los procesos de reestructuración de la deuda soberana: Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, sin verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas.
Además prevé el principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe que implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda; que el principio de la transparencia debe promoverse; y que el principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones sean independientes.
También aprueba los principios de que el trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores; de la inmunidad soberana de jurisdicción; y que la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión y el estado de derecho.
Los restantes dos aspectos establece el principio de la sostenibilidad y que “la reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros estados o por una minoría no representativa de acreedores”.
Montaño destacó en un boletín de la Cámara de Senadores que Bolivia es “un país que exporta conceptos, ideas y principios”
