El procurador general del Estado, Héctor Arce, se declaró ayer confiado en que Bolivia ganará el proceso de arbitraje internacional que interpuso en París, Francia el consorcio español Abertis y Aena por la expropiación de sus acciones en Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA).
“Confiamos profundamente en el tribunal arbitral, confiamos en la fuerza, la sabiduría, la corrección y la contundencia de nuestros argumentos que se están presentando por nuestra parte y en los de nuestros abogados internacionales, y por supuesto estamos seguros y confiados de que tendremos resultados favorables con base en la claridad de los hechos y en la verdad”, comunicó Arce durante una entrevista desde París con la red televisiva estatal Bolivia Tv.
La autoridad ratificó que el Estado boliviano tuvo que tomar el control de SABSA, que era administrada por el consorcio español, debido a que existía “un grave riesgo” en la seguridad de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Arce afirmó que la empresa generó graves daños al país, entre los cuales está el “estado deplorable” de las pistas de aterrizaje, de las calles de rodaje y plataformas en mal estado que pusieron en riesgo las operaciones aéreas. Esta situación generó “la necesidad urgente, inminente, impostergable de tomar una medida de nacionalización” de la firma SABSA.
Inversión. La autoridad aseguró que la determinación se asumió porque el consorcio español no hizo las inversiones comprometidas en los servicios aeroportuarios del eje. “Ellos han reconocido en más de una oportunidad que no realizaban inversiones justamente por los anuncios de nacionalización, lo cual resulta una excusa banal e irrisible para el incumplimiento de un contrato”.
Arce afirmó que a ello se suma la no presentación de planes maestros para el desarrollo de los aeropuertos del eje troncal, el incumplimiento de normas tributarias y laborales, y abusos de sus directivos, entre otros.
Hasta el 18 de febrero de 2013, las españolas Abertis (90%) y Aena (10%) controlaban SABSA, fecha en la que el Gobierno expropió la firma. Las firmas extranjeras rechazaron la medida y demandaron al país una compensación de $us 86 millones, más intereses, ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El procurador anunció que el viernes se realizará la audiencia de conclusiones finales en el arbitraje internacional iniciado por el consorcio.
Denuncia contra directivo
Irregular
El procurador general del Estado, Héctor Arce, denunció que el exgerente general de SABSA, Anthony Alicastro, tenía un salario al que se sumaban otros beneficios como el pago de su vivienda, vehículo y otros que alcanzaban a $us 20.000. Añadió además que el ejecutivo, cada cinco años, se pagaba un finiquito que sumaba unos Bs 100.000. También denunció que durante su gestión se hicieron gastos por $us 1 millón en “proyectos fantasma”.
