Pese a que el Tribunal Arbitral en París incluyó en el litigio el daño en los aeropuertos causado por Abertis y Aena, la Procuraduría General del Estado (PGE) mantiene la posibilidad de plantear una eventual demanda contra las firmas por “daños y perjuicios”.
“La Procuraduría trabaja con un amplio equipo de abogados internacionales, expertos y técnicos, y en esa lógica se están llevando adelante los estudios necesarios fuera del arbitraje en el que asumimos defensa y que hemos obtenido una victoria ineludible y se están analizando también otros escenarios”, informó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta.
El 18 de diciembre, la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, determinó reencauzar el proceso de arbitraje planteado por el consorcio español contra el Estado boliviano y considerará el daño integral en los aeropuertos Jorge Wilstermann de Cochabamba y Viru Viru de Santa Cruz.
“El equipo jurídico nacional logró que el Tribunal Arbitral acepte reconsiderar el daño integral causado por Abertis en el incumplimiento de inversiones prometidas en los aeropuertos Jorge Wilstermann y Viru Viru”, señaló Arce.
Arbitraje. La autoridad explicó que al inicio del proceso el Tribunal excluyó del caso los daños causados por las firmas en esos servicios aeroportuarios. Por ello, el caso no se cerró y se fijó una nueva audiencia para mayo en la que se analizará el conjunto de daños económicos generados.
Luego de la audiencia “se emitirá un laudo que podrá evidenciar que Abertis tiene una deuda pendiente con Bolivia y no a la inversa”, manifestó el Procurador.
La Razón informó días atrás que la Procuraduría General del Estado tomó contacto con un bufete de abogados, especializado en derecho comercial internacional en España, con la perspectiva de plantear una eventual demanda contra las firmas españolas por los “daños y perjuicios” que causaron a tres aeropuertos del país. Arce ratificó que el bufete internacional tiene experiencia en este tipo de trabajos y “está haciendo los estudios pertinentes”.
La PGE asumió entre el 14 y 18 de diciembre la defensa del país en las audiencias del arbitraje interpuesto por el consorcio español ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por la expropiación, el 18 de febrero de 2013, de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA). Abertis y Aena pidieron en su demanda una compensación económica de $us 86 millones, más intereses.
