El Tribunal Arbitral, que analiza la demanda interpuesta por el consorcio Abertis y Aena en contra del Estado boliviano, inspeccionará las pistas de aterrizaje y plataformas de los aeropuertos de Santa Cruz y Cochabamba para verificar los daños generados por la compañía española.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, recordó ayer que el Tribunal Arbitral, con sede en París, Francia, determinó el 18 de diciembre de 2015 reencauzar el proceso de arbitraje planteado por el consorcio español contra el Estado boliviano y considerar el daño integral realizado en las dos terminales aeroportuarias.
“El Tribunal ha decidido reabrir el proceso y analizar en profundidad los daños en los aeropuertos de Cochabamba y Santa Cruz, y se ha habilitado un calendario procesal para tal efecto y, a partir del lunes, y por cuatro días, se efectuarán inspecciones a las terminales aéreas, a las pistas (de aterrizaje), plataformas y calles de rodaje en los aeropuertos de Viru Viru y Jorge Wilstermann”, afirmó el Procurador.
La autoridad explicó que habrá un intercambio de comunicaciones escritas y luego se llevará a cabo una audiencia entre el 26 y 27 de mayo en Washington, Estados Unidos, en el marco del arbitraje interpuesto por las empresas españolas ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por la expropiación, el 18 de febrero de 2013, de sus acciones en Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA). Abertis y Aena pidieron en su demanda una compensación económica de $us 86 millones, más intereses.
AUDIENCIA. “En la audiencia Bolivia nuevamente dejará en claro los daños ocasionados por Abertis y Aena y el resultado, en nuestro criterio, y así se lo demostrará ante el Tribunal, debería ser favorable al país y ser acreedora de un monto económico por el grave daño causado por el consorcio”, dijo Arce.
El Procurador señaló que al inicio del proceso, el Tribunal excluyó del caso los daños causados por las firmas en esos servicios aeroportuarios. Por ello, el caso no se cerró y se fijó otra audiencia en la que se analizarán los daños económicos generados.
De forma paralela, Arce afirmó que un equipo de abogados de España, especializados en derecho comercial, trabaja en plantear una eventual demanda contra Abertis y Aena por los “daños y prejuicios” que causaron al país. Agregó que se hará una campaña mundial para que se conozca todas las felonías (deslealtades) que cometió el consorcio y que puso en riesgo la seguridad en los aeropuertos del eje troncal del país.
Procesos pendientes
Informe
El 8 de diciembre de 2015, Arce dijo que se lograron acuerdos con 11 empresas nacionalizadas, aunque todavía hay seis procesos pendientes.
Se gastó Bs 8,3 MM en la defensa de 7 arbitrajes
En 2015, la Procuraduría General del Estado (PGE) destinó Bs 8,3 millones ($us 1,19 millones) para la defensa del país en siete arbitrajes internacionales. Esta suma es cuatro veces menos del costo promedio de un proceso en el exterior y que llega a $us 4,2 millones.
“Hay siete procesos en curso, los estándares de gastos son los mínimos, nosotros en siete procesos hemos gastado algo más de $us 1 millón (Bs 8.306.063) cuando, según los estándares internacionales, la defensa de un arbitraje le cuesta a un Estado $us 4,2 millones”, dijo ayer procurador general del Estado, Héctor Arce.
La autoridad sostuvo que la defensa del arbitraje que demandó más recursos fue el interpuesto por la canadiense South American Silver por la expropiación en 2012 del complejo minero de Mallku Khota. En ese caso se gastó Bs 4 millones en los abogados, Bs 900.000 en expertos internacionales mineros y Bs 2 millones en especialistas económicos.
En marzo se prevé cerrar pacto con Jindal
La Procuraduría General del Estado (PGE) prevé que en marzo se suscribirá un acuerdo con la siderúrgica india Jindal Steel & Power (JSP) por la expropiación de acciones en su filial Jindal Steel Bolivia (JSB). “En la gestión 2015, la Procuraduría ha acompañado al Ministerio de Minería en un proceso de acercamiento que nos llevó a un principio de acuerdo, que posiblemente sea suscrito en marzo de este año”, comunicó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, durante la rendición pública de cuentas de 2015.
La autoridad explicó que las condiciones de ese convenio serán presentadas en su momento por la cartera de Minería. “Se espera el resultado de una posible conciliación con Jindal que concrete Minería”.
El 9 de mayo de 2015, el Gobierno y Jindal abrieron un proceso de diálogo para darle solución al arbitraje iniciado en 2014 por la siderúrgica india en contra de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ante la Corte de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia.
La demanda fue interpuesta debido a que el Gobierno ejecutó la segunda boleta de garantía de la empresa india por unos $us 18 millones debido a un supuesto incumplimiento de la Jindal en sus compromisos para la explotación del Mutún. Arce recordó que la primera demanda arbitral iniciada por Jindal en la CCI fue anulada por la ejecución de dos primeras boletas de garantía por $us 18 millones.
