El presidente Evo Morales pidió a la Contraloría General del Estado investigar los procedimientos administrativos en los contratos suscritos entre el Estado y la china CAMC, donde su expareja Gabriela Zapata es una alta ejecutiva, para determinar o no la existencia de tráfico de influencias.
“Ruego y pido a usted proceda inmediatamente a investigar los procedimientos administrativos que se aplicaron en el proceso de contrataciones entre los distintos ministerios o MAES y la mencionada empresa con el objetivo de determinar la existencia o inexistencia de irregularidades”, establece parte de la misiva que leyó y envió al contralor Gabriel Herbas.
La relación laboral de Zapata con la china CAMC Engineering Co. Ltd surgió a partir de una denuncia del periodista Carlos Valverde del miércoles 3 de febrero. En esa ocasión, Valverde reveló que Morales y Zapata mantuvieron una relación y que tuvieron un hijo, por lo que infirió un tráfico de influencias entre el Gobierno y la empresa CAMC, que tiene millonarios contratos con el Estado.
Dos días después, el Presidente confirmó que mantuvo una relación con la empresaria y que el hijo que tuvieron murió en 2007. Desde entonces, sostuvo, no volvió a verla, aunque posteriormente circuló una fotografía de ambos en uno de los últimos carnavales de Oruro. Ayer, explicó que la fotografía fue casual: “Era una cara conocida y cuando se ha sacado la foto dije: ‘Ah, creo que es la Gabriela, es la Gabriela”.
Morales afirmó hoy que la Contraloría, a partir de la solicitud, debe iniciar una investigación inmediata y aseguró desconocer lo que es tráfico de influencias o corrupción por los valores inculcados en su familia. “Lamento mucho bajo una guerra sucia tantas especulaciones, tantas mentiras, tantas difamaciones”, insistió.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó el 4 de febrero que la empresa china tiene contratos con el Estado por siete proyectos que suman $us 566 millones. Entre ellos el ingenio azucarero de San Buenaventura en La Paz, el proyecto de sales de potasio de litio en Potosí, la compra de perforadoras para YPFB, la construcción de un tramo de la línea férrea Bulo- Bulo-Montero y finalmente tres proyectos en el emprendimiento Misicuni, en el departamento de Cochabamba.
El Gobierno decidió rescindir el contrato para la construcción del tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo por incumplimiento y ejecutar las boletas de garantías por $us 22,8 millones. El Ejecutivo afirmó en varias ocasiones que esa decisión muestra que no existe ningún tráfico de influencias con la empresa.
“Esta (firma), lamentablemente, no ha cumplido y el año pasado se ha empezado a ejecutar la boleta de garantía, si hubiera tráfico de influencias no hubiera ninguna ejecución de la boleta de garantía. Nos demandó y (estamos) en proceso”, insistió hoy Morales luego de participar de la sesión de honor en homenaje al aniversario de Oruro.
