La sequía que azota a Bolivia es la peor en los últimos 25 años y ha dañado más de medio millón de hectáreas de cultivos de soja en el oriente del país, denunció hoy la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
«Nuestro sector productivo está confrontando la peor sequía en los últimos 25 años, con la afectación de más de 500.000 hectáreas de soja y una disminución de la producción de 660.000 toneladas en los distintos cultivos, como son maíz, sorgo, trigo y girasol», dijo a los medios en Santa Cruz el presidente de Anapo, Reynaldo Díaz.
Indicó que las pérdidas para los afiliados a Anapo superan los 180 millones de dólares, ante lo cual este sector pidió al Gobierno formular «medidas estructurales «para la reactivación económica de los productores y garantizar la producción de alimentos».
Anapo representa a unos 14.000 agricultores cruceños, de los que el 80 % son pequeños productores.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que agrupa a 18 asociaciones de agricultores, pecuarios y agroindustriales de Santa Cruz, incluida Anapo, reportó pérdidas por $us 500 millones.
El presidente Evo Morales y sus ministros se reunieron hace dos semanas con representantes de la CAO y de Anapo para escuchar sus inquietudes y propuestas para afrontar la sequía y garantizar la producción de alimentos.
El pasado 2 de agosto, el mandatario lanzó una serie de medidas de apoyo a la producción agropecuaria que, según Díaz, «resultan insuficientes para dar solución a los problemas» de los productores.
«Necesitamos reactivación económica, seguridad jurídica, precios justos para nuestra producción y acceso a la tecnología moderna para enfrentar el cambio climático y el ataque de plagas», sostuvo.
El presidente de Anapo indicó que si estas necesidades no se atienden oportunamente, está en riesgo la siembra de más de un millón de hectáreas de la próxima campaña de verano.
Entre las propuestas del sector, Díaz mencionó la creación de un fondo a través de los estatales Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión, para «inyectar capital operativo» a los productores y «comprar la deuda en mora que tienen los agricultores con las industrias y los proveedores de insumos y maquinarias».
También pidió que se revise la normativa crediticia para permitir que los agricultores puedan acceder a préstamos de la banca poniendo como garantía el título de propiedad de sus tierras.
Además, demandó la liberación de la exportación de soja para que los agricultores reciban «un precio justo» por su producción e iniciar un proceso para evaluar y permitir el uso de «nuevos eventos biotecnológicos» en los cultivos de ese grano y del maíz. (11/08/2016)
