El gobierno boliviano respondió a la notificación de arbitraje de la suiza Glencore, por la estatización de dos plantas de fundición de minerales y una mina, argumentando que la transferencia original de esos activos se hizo bajo «circunstancias dudosas».
«El Estado boliviano hizo notar las circunstancias dudosas, bajo las que activos estratégicos del patrimonio nacional, como las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el Centro Minero Colquiri, fueron enajenados y traspasados», señala un comunicado difundido este sábado por la Procuraduría General.
El siguiente paso procesal es la constitución del Tribunal Arbitral compuesto por tres personas, que deberá resolver el arbitraje. Una vez designados los dos árbitros de cada bando se abrirá un período de 30 días para acordar la designación de un tercer juez, que actuará como Presidente del Tribunal.
El gobierno del presidente izquierdista Evo Morales nacionalizó la planta de fundición de estaño-antimonio de Glencore en 2007 y la de estaño en 2010. También estatizó una concesión en la mina de Colquiri de la empresa, en favor de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en 2012.
Desde la llegada de Morales al poder en 2006, Bolivia expropió una veintena de empresas petroleras, de gas, de energía eléctrica, mineras, de telecomunicaciones, aeropuertos y otras, en el marco de una política de control estatal de los recursos estratégicos. (20/08/2016)
