Tras los conflictos protagonizados la pasada semana por el sector cooperativista minero y que dejaron como saldo cinco fallecidos, entre ellos una autoridad del Estado, el Gobierno platea abrir un debate urgente para redefinir las regulaciones del sector en los ámbitos laboral, ambiental e impositivo. Para el Ejecutivo, existen vulneraciones a las normativas.
“Como gobierno respetamos al verdadero cooperativismo, aquel en que evidentemente todos son iguales, pero aquellas cooperativas que ya se han convertido en empresas capitalistas semiformales creemos que ahí el régimen ya debe ser otro, el régimen impositivo, el régimen laboral, ambiental… ya debe ser completamente distinto”, señaló el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, la mañana de este lunes.
La autoridad afirmó que en las cooperativas mineras existen “patrones y peones” cuya relación laboral raya en la vulneración de las normativas. “Hay explotación, lo que se decía hasta hora era que en las cooperativas mineras, todos son iguales y no es así”, precisó Rada.
A juicio del Gobierno, otro asunto urgente de discutir es el ambiental. Rada aseguró que “las cooperativas mineras contaminan con su actividad ríos, lagunas, aguas que luego a su vez contaminan suelos agrícolas perjudicando la soberanía alimentaria del país”.
El sector cuentapropistas, en el punto cinco del pliego de diez demandas, exigió flexibilizar las normas medioambientales que generan inspecciones, regulaciones, multas y prohibiciones que —denunciaron— dificultan las actividades productivas en las cooperativas mineras.
“La normativa ambiental debe ser para todos, ningún sector puede pedir que no se aplique la normativa ambiental”, reclamó Rada.
Asimismo, puso en tela de juicio el aporte del sector a la economía nacional. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el sábado que las cooperativas y la minería chica aportan al Producto Interno Bruto (PIB) solo con el 2,2% entre enero y mayo de 2016.
El Gobierno asegura que el sector defiende el carácter privado de la explotación de los recursos naturales y la firma de 31 contratos con extranjeros. Los movilizados, en su momento, habían descartado este extremo.
Sectores campesinos afines al oficialismo demandaron al Gobierno la reversión al Estado de las áreas mineras asignadas al cooperativismo. Una premisa que no fue siquiera sopesada por el sector porque sus principales dirigentes están imputados y detenidos en el penal de Chonchocoro por la muerte del viceministro Rodolfo Illanes.
Los cooperativistas tienen representación en el Legislativo y es aliado del gobierno desde el primer gobierno del presidente Evo Morales en 2006. (29/08/2016)
