Este miércoles cerró la audiencia conclusiva del arbitraje planteado por el consorcio Abertis y Aena al Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en los Servicios Aeroportuarios Bolivianos SA (SABSA) cuyo fallo se conocerá en 2017. Bolivia espera que la Corte Permanente de Arbitraje en París, Francia, emita un fallo para sancionar a la firma española por “daño económico”.
“Estamos muy tranquilos con el trabajo que se ha realizado desde el punto de vista jurídico y su bufet internacional”, señaló el ministro de Obra Públicas, Miltón Claros, en contacto teléfonico desde París con la estatal Patria Nueva al término de la cita legal y explicó que “tendríamos que esperar entre seis a ocho meses para el resultado y conocer el laudo arbitral”.
El optimismo de la autoridad se replicó en la cuenta de Twitter de la Procuraduría del Estado que informó que el país “cierra exitosamente la última audiencia en arbitraje por la nacionalización de SABSA” y añadió que “Bolivia ha demostrado con toda categoría que Abertis no ha invertido, generando un daño económico al Estado y aeropuertos internacionales”.
A su turno, el procurador del Estado, Héctor Arce, afirmó que el consorcio español —que administró los aeropuertos de El Alto en La Paz, Jorge Wilsterman de Cochabamba y Viru Viru de Santa Cruz— ejerció una “política absolutamente criminal que deberá merecer más de una condena y deberá merecer una condena internacional por la forma cómo actuó con nuestro país”.
El procurador desveló que el propio arbitraje “certificó” una inversión de solo $us 1,9 millones en ocho años, cuando su compromiso era de $us 73 millones. “Nosotros durante estos cuatro años de concesión, en realidad tres años y medio, SABSA nacionalizada ha invertido más de $us 40 millones”, apuntó.
Bajo ese argumento, Bolivia considera que no corresponde ningún tipo de compensación.
El presidente Evo Morales decidió en 2013 nacionalizar Sabsa. Las firmas rechazaron la medida y demandaron una compensación de $us 86 millones, más intereses, por lo que consideraron la expropiación de su paquete accionario ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). (19/10/2016)
