La Comisión Especial Mixta del Legislativo que investiga los casos vinculados a los Papeles de Panamá descartó haber encontrado algún indicio de responsabilidad civil o penal en contra de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A.) con la firma inactiva ‘Entel Bolivia International Limited’ (EBI) que fue incluida dentro de los 558 casos a ser analizados.
«En el caso de Entel, no se demostró responsabilidad ni civil, penal o administrativa respecto a quienes hubieran abierto una empresa en Panamá puesto a que esta empresa se habría realizado durante el proceso de nacionalización donde se enfrentó producto de un arbitraje internacional con la empresa Euro Telecom Internacional (ETI) NV», informó a La Razón Digital la senadora Adriana Salvatierra, miembro de la comisión investigadora.
La investigación del caso Entel concluyó este martes y la misma forma parte de los 558 que serán analizados caso por caso por la comisión, de los cuales, 360 son empresas y 198 personas naturales vinculadas a los paraísos fiscales. El objetivo del trabajo es establecer indicios de daño económico al Estado y vulneración a las normativas del país.
Entre los nombres de las firmas, que reveló el 9 de marzo el grupo Periodistas de Investigación (ICIJ) en su investigación sobre los Papeles de Panamá, se mencionó el de ‘Entel Bolivia International Limited’, empresa que fue registrada en las Islas Vírgenes Inglesas en junio de 2008 y creada por Entel S.A..
La empresa estatal aclaró que la creación de dicha empresa tuvo un costo de $us 20.870 pero nunca entró en operación. En diciembre de 2008, el interventor Joel Flores, quien se encargó de crear dicha empresa, fue alejado de sus funciones y el 29 de mayo de 2009, mientras que la EBI cerró sus operaciones el 31 octubre de 2010.
En medio del arbitraje de ETI con Entel, fue creada la EBI ante el riesgo que había de que se suspenda la provisión del servicio. Entonces –según Salvatierra–la creación de esta empresa investigada lo que hace es garantizar la dotación de la licencia internacional y contar con tres cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas y en el Banco de Bermuda.
«Sin embargo, la misma no registró movimiento económico y esto consta dentro de los documentos remitidos por el ICIJ. Al no presentar movimiento económico y al haber sido creada pero finalmente sin cumplir el objetivo que se habría estipulado, es que no se demuestra responsabilidad ni siquiera daño económico al Estado, ni mucho menos una evasión impositiva dentro de la investigación», señaló Salvatierra.
El trabajó de indagación individualizada de los 558 casos debió concluir hasta el 31 de diciembre sin embargo la Comisión solicitó ampliar con dicho proceso hasta el 31 de marzo de 2017. Al final de la investigación, se prevé que se remita un informe al pleno del Legislativo así como varias propuestas de innovación legislativa en materia penal.
(15-11-2016)
