El vicepresidente Álvaro García Linera denunció que un “negociado” de funcionarios intermedios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) permitió a la aerolínea LaMia obtener el certificado de operador aéreo en Bolivia.
La denuncia la hizo en una entrevista concedida a la edición impresa de La Razón y que se publica este este viernes. “Fue un negociado de funcionarios intermedios, que jamás nos comunicaron porque sabían que íbamos a negar la autorización”, dijo.
El certificado “indefinido” de operador aéreo de LaMia, que fue expedido el 31 de julio de 2015, lleva la firma del General de Brigada Aérea Edgar Pereyra Quiroga, quien rubrica el documento como director ejecutivo a.i. de la DGAC.
“Este documento certifica que la empresa Lamia Corporation SRL está autorizada a realizar servicios aéreos no-regulares, doméstico e internacional de transporte de pasajeros, carga y correo, según se define en las especificaciones relativas a las operaciones ( OPSPECS) que se adjuntan, de conformidad con su manual de operaciones, la ley Nº 2902 y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB Partes 121/119”, se lee en el documento, publicado por LaMia en su cuenta en Twitter el 2 de marzo de este año.
En el caso de la aeronave CP2399, que fue la que el 28 de noviembre se estrelló en Colombia dejando 71 fallecidos y que destapó las irregularidades en el caso de la empresa LaMia, el certificado de la matrícula fue aprobado por Gustavo Steven Vargas Villegas, Director del Registro Aeronáutico Nacional de DGAC e hijo de uno de los socios de LaMia, Gustavo Vargas Gamboa.
Padre e hijo se encuentran detenidos en el marco de las investigaciones que realizan las autoridades bolivianas en este caso.
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García Linera consideró que en la otorgación del permiso de operación de LaMia existió “negligencia”, “desconocimiento de las normas” y “un manejo arbitrario de la capacidad decisional del Estado” boliviano, que debe ser castigado “con proteger ni perdonar a nadie”.
“El caso de la DGAC está claro, que estamos ante funcionarios que usaron su cargo para hacer negocios personales, es un delito y ha dado lugar a un crimen. Esas cosas no pueden volver a repetirse”, declaró a La Razón. (09-12-2016)
