El informe boliviano que responsabilizó al piloto y a la empresa LaMia por el accidente que dejó 71 muertos, tiene validez para el Estado de Bolivia, pero está a consideración de Colombia y Brasil para complementar otras investigaciones, aclaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, frente a los cuestionamientos de la Aeronáutica Civil de Colombia.
Quintana salió al frente de las declaraciones del director de Aeronáutica colombiano, Alfredo Bocanegra, quien señaló que Bolivia no tiene la facultad, la competencia, por la base, para dar resultados oficiales de investigación sobre el siniestro aéreo ocurrido la noche del 28 de noviembre en territorio de Colombia.
El ministro explicó que cada país tiene la facultad de realizar la investigación que corresponda sobre su espacio aéreo.
“Por lo tanto, este es un informe válido para el Estado boliviano. Colombia tiene la obligación, la necesidad imperativa de hacer su propia investigación. Y si el informe (nacional) es útil para ser complementado con el colombiano y con el brasileño, lo ponemos a consideración”, afirmó la autoridad y recordó que hay una coordinación entre fiscalía para la pesquisa de este caso.
Bocanegra afirmó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece que el país donde sucede un incidente aéreo es el encargado de realizar las indagaciones. “Con todo el respeto por Bolivia, yo quisiera entender que eso fue un acto de imprudencia, de buena fe pero de imprudencia, es una indelicadeza (…) lo oficial es lo que se diga en Bogotá», sostuvo.
El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, hizo público el 20 de diciembre los resultados de la investigación, que concluyó que la empresa LaMia Corporation SRL y el piloto Miguel Quiroga son los responsables de la tragedia aérea, que acabó con la muerte de 71 personas, la mayoría parte del club de fútbol de Brasil, Chapecoense.
Extraoficialmente se atribuyó el accidente a la falta de combustible y se abrió un proceso contra Celia Castedo, la funcionaria de AASANA en Viru Viru, por permitir la salida del avión cuando hubo observaciones en relación a su autonomía de vuelo comparado con la cantidad de combustible. La acusada pidió refugio en Brasil.
Hasta el momento guardan detención acusados como Gustavo Vargas Gamboa, representante legal de LaMia, y su hijo Gustavo Vargas Villegas, quien hasta antes del accidente ocupaba la función de Director de Registro Aeronáutico Nacional.
“En toda caso hay una coordinación entre fiscales estatales, esperamos que ese nivel se pueda desarrollar en mejores condiciones la investigación”, insistió Quintana.
