La exfuncionaria de AASANA Celia Castedo afirmó que no existe seguridad jurídica en Bolivia y pidió declarar ante la Fiscalía Federal de Brasil sobre lo ocurrido con el avión de LaMia, que se estrelló el 28 de noviembre con el saldo de 71 muertos, informó su abogado Guido Colque.
“Estamos pidiendo que la justicia pueda aplicarse de manera imparcial, para ello se ha planteado que preste su declaración en Brasil a través de la cooperación internacional que existe entre ministerios Públicos”, explicó el jurista, quien explicó que su defendida decidió huir a Brasil porque considera no existe seguridad jurídica.
La ex funcionaria de La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) es acusada por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, ya que habría autorizado el vuelo del avión de LaMia pese a las observaciones al combustible y la autonomía de vuelo.
El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla, adelantó que Castedo será citada a declarar vía edictos de prensa y que en caso de inasistencia se gestionará la declaratoria de rebeldía para tramitar su retorno por conductos regulares. Añadió que existen indicios que establecen responsabilidades sobre la exfuncionaria.
Colque afirmó que la declaratoria de rebeldía formaría parte del amedrentamiento judicial y violación de los derechos constitucionales de su cliente, ya que hace 20 días se habría dado a conocer el domicilio real y procesal de la exfuncionaria de AASANA.
“La Fiscalía tiene conocimiento dónde vive ella (Castedo), ahora quieren citarla por edicto de prensa, eso es ilegal”, insistió.
Castedo ratificó en una entrevista concedida a un medio brasileño que cumplió procedimientos cuando hizo observaciones a la aeronave CP2933 de LaMia, y dijo que solo la DGAC tenía atribuciones para parar ese vuelo.
“La línea aérea que quiera salir o hacer un vuelo no regular se dirige a las oficinas de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) y ellos son los que solicitan la autorización…solamente la DGAC es la única autoridad que puede detener la salida de una aeronave”, explicó ese día.
Un informe del Ministerio de Obras Públicas estableció que la responsabilidad de lo sucedido es del piloto Miguel Quiroga, una de las víctimas fatales del siniestro, y de la firma. Un ejecutivo de la empresa y un funcionario de la DGAC están detenidos.
