El Ministerio Público desprecintó las oficinas de la empresa LaMia y secuestró nuevos documentos como parte de la investigación abierta para establecer responsabilidades sobre el siniestro de la aeronave que dejó 71 muertos, informó el fiscal Oswaldo Tejerina. La habilitación de los ambientes permitirá que la familia de los afectados tramite el cobro de una indemnización.
“Estos legajos son retirados para posteriormente someterlos a un minucioso análisis en busca de indicios dentro del proceso investigativo”, explicó poco después del desprecintado de la oficina ubicada en la Av. Paragua de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las instalaciones estuvieron precintadas 32 días.
Los fiscales de la comisión investigadora Iván Ortiz y Oswaldo Tejerina allanaron nuevamente los ambientes y secuestraron carpetas repletas de documentación.
Los fiscales coincidieron en explicar que el desprecintado de las oficinas de LaMia se da como una medida para que los familiares de los sobrevivientes y fallecidos del accidente puedan realizar los trámites para la indemnización.
El abogado de la firma Nestor Higa informó en diciembre que se indemnizará a las familias de las 71 personas que murieron con unos $us 165.000 por persona. “La aerolínea va a hacer los trámites para que a las familias de las víctimas se les haga el resarcimiento de $us 165.000 por cada persona fallecida”, explicó en ese entonces y pidió el desprecintado de las oficinas.
Tejerina y Ortiz evitaron referirse al documento revelado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el que se autoriza el vuelo de LaMia tres días antes de que se estrellara en Medellín, Colombia.
Ortiz anunció que los directivos de la DGAC y de AASANA serán convocados para prestar su declaración informativa si lo requiere el proceso investigativo.
Hasta el momento se tomó declaraciones a cerca de 17 personas entre sobrevivientes del accidente, funcionarios de AASANA y representantes de la empresa LaMia.
Guido Colque, abogado de la exfuncionaria de AASANA Celia Castedo, insistió en que su cliente, con refugio en Brasil, no tiene responsabilidad alguna en la autorización del vuelo de la aeronave siniestrada, por lo que dijo que la Fiscalía debe apartarla del caso.
El Ministerio Público gestiona una citación a través de edictos de prensa para Marco Antonio Rocha, socio de la empresa LaMia, y Celia Castedo ex funcionaria de AASANA. Rocha estaría fuera de Bolivia.
El gerente general de LaMia Gustavo Vargas y el exfuncionario de la DGAC Gustavo Vargas Villegas, fueron encarcelados como resultado del proceso investigativo.
