El senador de la alianza Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz abrió la posibilidad de iniciar procesos legales o ante la Contraloría en contra de los funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vinculados con la compra irregular de tres taladros y del propio presidente de la firma estatal Guillermo Achá.
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos detectó irregularidades en el proceso de compra, por un valor de $us 148 millones, de taladros. La firma italiana Drillmec se adjudicó la provisión.
“Estamos analizando con mi equipo jurídico la pertinencia también de iniciar acciones legales ya sea ante el Ministerio Público o la Contraloría General del Estado”, advirtió el legislador, quien señaló a los miembros del Comité de Licitación como los posibles responsables de las irregularidades.
El informe, leído ayer por el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, estableció que Drillmec no presentó el documento de constitución, el registro tributario y el poder para encarar el proceso era insuficiente. Sostuvo además que existen observaciones técnicas al Documento Base de Contratación (DBC), como también a la propuesta técnica de la firma.
“Claramente hay que investigar al presidente de YPFB, porque el señor Novillo está pidiendo que se aparte de la investigación. En los documentos que hemos tenido acceso, alguna relación él ha tenido o alguna participación en las decisiones sobre la adjudicación”, afirmó Ortiz.
Los responsables de la compra de los tres equipos de perforación, además de Achá, podrían ser investigados por el delito de uso indebido de influencias, añadió.
El legislador reiteró que YPFB debería haber tomado en cuenta las otras propuestas que eran de menores montos económicos a comparación de la empresa italiana, que ganó la licitación por $us 148 millones.
“Ahí hay muchos otros indicios para ver realmente quiénes conocieron este caso y quiénes tomaron la decisión de adjudicar a la empresa con el monto más alto ofertado y obviamente, los que hubieran participado, en esa cadena de responsabilidades –a mi juicio– tendrían que ser procesados”, aseveró.
Achá deberá apartarse del proceso de análisis del caso que vaya a realizar el Directorio de YPFB, según sugirió el Jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, para evitar ser juez y parte. (15/03/2017)
