Las familias dedicadas a la venta de ropa usada llegaban a 250.000 y ahora superan las 300.000 debido a que se ha perdido el control en el sector por la falta de alternativas de trabajo y el fracaso del plan de reconversión del Gobierno. Los llamados ropavejeros alistan una marcha nacional en contra de control municipal.
La presidenta de la Comisión de Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, informó que sus afiliados rechazan que el Gobierno traslade a las alcaldías el control en la venta de ropa usada y convocó a la administración de Evo Morales a instalar un diálogo para buscar alternativas de solución a su demanda.
“Es un medio de sobrevivencia, de sustento familiar. Se ha perdido el control para que esto siga creciendo”, afirmó en una entrevista con la red ATB, en la que destacó que la mercadería que comercializan es de calidad frente a la producción nacional que –dijo- “son para dos o tres puesta nada más”.
El vicepresidente Álvaro García informó el 14 de abril que fue enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para pasar a las alcaldías el control y combate a la venta de ropa usada ante la debilidad en el control fronterizo.
“Internamente ya nadie las vigilaba, nadie las controlaba, nadie las sancionaba, a partir de ahora las alcaldías tendrán esa misión”, manifestó ese día García en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno junto a representantes de los pequeños y microempresarios.
Verástegui anunció que para el lunes 24 están preparando una marcha nacional en rechazo a la propuesta de ley.
“Hemos tocado la puerta de varios ministerios y no hemos tenido respuesta”, denunció.
