El Gobierno advirtió que los posibles arbitrajes por el caso de los taladros encargados a la empresa italiana Drillmec serán de responsabilidad del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, y de los funcionarios que eventualmente resulten implicados en hechos irregulares.
“Hemos advertido claramente que cualquier responsabilidad económica futura que pudiera existir en el Estado boliviano —no hay ningún daño económico al Estado, pero si sucedieran juicios, arbitrajes más adelante— será de exclusiva responsabilidad del presidente de YPFB y de los funcionarios involucrados”, declaró el ministro de Justicia, Héctor Arce, durante una conferencia de prensa en Santa Cruz.
Recordó, tal como lo hiciera ayer el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, que Achá no está exonerado en este caso, aunque la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado no incluya su nombre.
Drillmec, que se adjudicó la fabricación de tres equipos de perforación, reveló a través de una solicitada de prensa el 20 de abril que Achá fue quien dio luz verde a la fabricación de los taladros.
La estatal boliviana negó ese extremo y aseguró que el contrato fue suscrito por la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización, mientras que la orden de proceder fue emitida por la Gerencia de Perforación.
Dos días antes, el martes 18, el ministro Arce presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra 16 personas, una de ellas representante de la firma italiana, por la “compra irregular” de los tres equipos y demandó la disolución del contrato. La investigación se sustentó en los procesos de licitación y contratación.
“Hemos mandado una carta al señor Achá el 21 de abril en la cual justamente le hemos solicitado toda la información que pudiera haber respecto a la ejecución de este contrato que el Ministerio de Justicia le ha solicitado pueda ser inmediatamente resuelto bajo responsabilidad de las autoridades de YPFB”, dijo este lunes.
Agregó que está a la espera de que el despacho de Achá envié la documentación sobre “la supuesta ejecución” del contrato y le demandó “apartarse del proceso y ayudar con la investigación proporcionando toda la información que se requiera, asimismo responder ante cualquier solicitud de la Comisión de Fiscales que investiga el caso”.
Drillmec había advertido con medidas legales de contratarse la disolución del contrato en el que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos detectó irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas. (24/04/2017)
