El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, negó este miércoles todo tipo de relación con la firma de contratos para la adquisición de los tres taladros encargados a la firma italiana Drillmec y responsabilizó a tres despachos por esta gestión.
“En el proceso de contratación, esta presidencia ni el directorio no forman parte ni son gestores, sino la responsabilidad se establece en las unidades que participan activamente dentro de ese proceso”, explicó la autoridad en una conferencia de prensa.
Precisó que el despacho responsable de la transacción es la Gerencia de Perforación —como unidad gestora que tramitó la “necesidad” de la compra— que actuó en coordinación con la Unidad Jurídica y la Unidad Administrativa de la estatal petrolera.
El martes, el senador de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz divulgó copias de la Resolución Administrativa 000200 de YPFB, fechada el 03 de junio de 2016, con la que Achá aprobó el alza de $us 117 millones a 177 millones el costo del Proyecto “Equipamiento de Exploración y Explotación Hidrocarburífera a Nivel Nacional”, que incluye la compra de los tres taladros.
Con ese documento, el legislador consideró que no existen más dudas sobre la participación del funcionario petrolero en la adquisición de los equipos.
Este miércoles, el titular de YPFB se defendió de estas acusaciones y aseguró que el ajuste en el precio se ejecutó “dentro de lo que es el procedimiento y los reglamentos internos de YPFB. Se ha cumplido con todas las fases correspondientes pero ésta (la valoración del proyecto) es una fase previa a lo que es el proceso de contratación como tal”.
Sostuvo que los cuestionamientos del Ministerio de Justicia, y el Viceministerio de Transparencia, apuntan al proceso de contratación.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró el 24 de abril que la investigación se sustentó en los procesos de licitación y contratación.
La italiana Drillmec, que se adjudicó la fabricación de tres equipos de perforación, reveló a través de una solicitada de prensa el 20 de abril que Achá fue quien dio luz verde a la fabricación de los taladros.
La pasada semana, el aludido negó la versión tal como lo hizo este miércoles. “Esto no es así, lo hace la unidad gestora”, insistió.
El martes 18, el ministro Arce presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra 16 personas, una de ellas representante de la firma italiana, por la “compra irregular” de los tres equipos y demandó la disolución del contrato.
“Esta presidencia va estar atenta a cualquier requerimiento del Ministerio Público, los requerimientos del Ministerio de Justicia y Transparencia, que nos han requerido la firma de orden de proceder la firmas de los contratos y hemos respondido en menos de 24 horas”, dijo este miércoles Achá. (26/04/2017)
