Cuatro funcionarios suspendidos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron aprehendidos por la presunta comisión de delitos como conducta antieconómica, uso indebido de influencias y encubrimiento en el proceso de contratación de la italiana Drillmec para la compra de tres equipos de perforación.
“La comisión de fiscales, en su calidad de directores funcionales de la investigación, libró un mandamiento de aprehensión contra estas cuatro personas debido a que el caso reviste gravedad por la vulneración del bien jurídico del Estado”, explicó el director Nacional de Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Gutiérrez.
Los cuatro están acusados por la posible comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y encubrimiento.
El vicepresidente Administrativo de Contratos y Fiscalización, Bigmarck S. P.; el Gerente de Perforación Corporativa, David P. A., además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix B. M. y Gizel S. R., todos miembros del Comité de Licitación, fueron aprehendidos tras prestar declaraciones en calidad de sindicados en Santa Cruz.
Posteriormente fueron trasladados a la ciudad de La Paz, donde se sustancia el proceso a cargo de los fiscales Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, según establece un boletín institucional.
Según la denuncia, el 12 de agosto de 2016 YPFB publicó una convocatoria para el proceso de adquisición de tres equipos de perforación bajo la modalidad de ofertas. El 10 de octubre de ese mismo año se realizó la apertura de sobres de propuestas y fue aprobada y recomendada por el Comité de Licitación la firma Drillmec.
“En el proceso de contratación se han advertido irregularidades, observaciones y acciones ilícitas cometidos por los servidores públicos que llegaron a conformar el Comité de Licitación”, señala la orden de aprehensión.
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos fue la que detectó irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en el proceso de contratación de compra de los tres taladros por aproximadamente $us 147 millones. 16 funcionarios de YPDB vinculados con el proceso fueron suspendidos.
Los miembros del Comité de Licitación, según la pesquisa, vulneraron la normativa vigente y el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero, mediante actos administrativos, acciones y omisiones durante el proceso de licitación, concertación, elaboración y firma del contrato.
