La directora Jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Cynthia N. se ocultaba en su domicilio por lo que se tramitó una orden de allanamiento para aprehenderla y llevarla a declarar por el caso Taladros, informó el fiscal General, Ramiro Guerrero.
Guerrero explicó que desde hace algunos días se la buscada sin resultados a la acusada para citarla a declarar, pero no se la encontró porque se “ocultaba” en su domicilio.
Una vez aprehendida fue trasladada hasta al Ministerio Público, donde presta declaraciones por la contratación de la firma Drillmec para la compra de taladros para la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB.
Además de Cynthia N. están otros implicados en el caso.
“(La investigación) se ha ampliado contra otras cuatro personas más, una de ellas, la señora (aprehendida). En ese trámite o transe de la investigación que realiza la comisión de fiscales seguramente se va a convocar a otras personas más”, explicó.
La investigación preliminar detectó indicios de favorecimiento “directo” a la empresa Drillmec en el proceso de contratación de compra de tres equipos de perforación para YPFB por un valor aproximado de $us 148 millones.
“Ella (Cynthia N.) era directora jurídica y muchos de esos cambios y esas enmiendas que se han hecho (al contrato) han pasado por la dirección jurídica”, afirmó Guerrero, quien informó que todo el trabajo que se vino desarrollando hasta el momento fue sobre la base de documentos, declaración de testigos y las personas que fueron denunciadas.
De las tres personas nuevas investigadas, dos de ellas trabajan en la estatal petrolera en Santa Cruz y participaron “directamente en este proceso” de contratación y una última sería nexo entre la empresa Drillmec y YPFB. “Es una persona que ha estado en las reuniones de las comisiones representando a la empresa. Hay un flujo de llamadas, hay mensajes, cartas relativos a la participación de esta persona”, afirmó.
“Estamos buscando a estas tres personas, hemos ubicado ya los domicilios pero cerca de una semana que no van a su fuente de trabajo, entonces, eso nos está generando una cierta dificultad”, señaló Guerrero y ratificó que contra esas personas pesa mandamientos de apremio.
Añadió que se hizo nuevos requerimientos a la Embajada de Italia para aclarar la legalidad de la acreditación de Drillmec y el cumplimiento de todos los procedimientos para la suscripción del contrato con YPFB.
“Se ha hecho un requerimiento, el pedido a través de requerimientos para que certifique si evidentemente esos documentos tenían valor legal en Italia, si esos documentos existían en ese país. Hay muchas contradicciones que han surgido de la misma investigación que ha hecho la unidad de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos”, indicó.
En este mismo caso, el 2 de junio, la juez Cuarto Anticorrupción en lo Penal, Melina Lima, determinó la detención preventiva de cinco imputados en el caso Taladros. La medida extrema fue tomada ante riesgos de fuga y obstaculización.
Bigmarck S. P., David P. A., Félix B. M. y Gizel S. R. fueron enviados a la cárcel de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz y Julio C. N. deberá permanecer en el recinto de San Pedro en La Paz. Todos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Guerrero añadió que mientras avance la investigación “en cualquier momento” se podrá determinar la convocatoria al presidente de YPFB, Guillermo Achá, para que pueda declarar en el caso. (07/06/2017)
