La audiencia de medidas cautelares del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá por el caso Taladros fue pospuesta este martes hasta este miércoles debido a errores de notificación. La defensa de Achá ratifica su inocencia.
La juez 4° de Instrucción Anticorrupción, Melina Lima, decidió postergar la audiencia -donde se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel- debido a que por error se notificó al Ministerio de Justicia y Transparencia sin que forme parte del proceso. El Viceministerio de Transparencia es el denunciante.
La Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra Achá la madrugada de este martes luego de haber prestado una declaración informativa voluntaria por más de cinco horas en el marco del caso abierto por irregularidades en la contratación de la italiana Drillmec para la compra de taladros.
“La juez ha indicado de que estaban mal notificadas las diligencias y que, como ella tenía mucho trabajo, lo ha remitido a un juzgado de turno”, informó a La Razón el abogado del expresidente de la estatal petrolera, Héctor Castellón.
Horas antes, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que el Ministerio Público solicitará al juez la detención preventiva de la exautoridad, quien fue imputado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
“Nosotros vamos a demostrar que no existe ningún riesgo procesal y que puede asumir su defensa dentro de este proceso en libertad”, insistió el abogado.
Castellón afirmó que su cliente al tomar conocimiento de las observaciones jurídicas, administrativas y técnicas que hizo la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos a la contratación de compra de taladros decidió detener el proceso sin que haya habido un daño económico para el Estado.
Juez envía a la cárcel a la gerente Legal de YPFB Andina por caso Taladros
El abogado negó además que su defendido haya entregado a la gerente Legal Corporativa de YPFB Andina S.A., Carmen Tellería, una autorización especial para participar de la comisión encargada del proceso de contratación de los tres taladros y apuntó a una falta de conocimiento de la Fiscalía de los procedimientos en este tipo de contratos.
“El Ministerio Público desconoce las normas administrativas. Es sorprendente que en un tema de contratos, el Ministerio Público no se haya tomado ni la molestia de revisar los decretos que hacen a la función específica de lo que es un proceso de licitación, de cada una de los alcances y de los que participan”, explicó. (20/06/2017)
