El Gobierno informó este martes que Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió anular el contrato con la empresa italiana Tecnimont para la construcción de la planta de propileno y polipropileno.
El senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz solicitó una investigación a este proceso de contratación porque la firma Tecnimont se adjudicó las tres etapas del proyecto. La inversión para este emprendimiento es considerada la más grande de la historia del país, costará aproximadamente $us 2.200 millones.
“Se ha anulado el contrato, el presidente Evo Morales, cuando posesionó al presidente de YPBF, Óscar Barriga, le instruyó que haga una revisión de todos los contratos y en esa revisión encuentran errores administrativos que YPFB dará a conocer”, informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, luego de brindar un informe oral ante la Cámara de Senadores.
En criterio de la autoridad, es “normal y común” y que entre la adjudicación y la firma del contrato haya una anulación. Afirmó que como no se ha firmado ningún contrato no existe daño económico al Estado. Afirmó que se volverá a lanzar una convocatoria pública internacional en “las próximas semana o meses”.
El 30 de mayo, el expresidente de YPFB, Guillermo Achá, negó la existencia de ventajas para la empresa italiana en el proceso de adjudicación de las tres fases del proyecto de construcción de la planta de Propileno y Polipropileno. Achá fue reemplazado Óscar Barriga el 15 de junio, la nueva autoridad recibió la instrucción de revisar todos los contratos.
“Estamos en un momento donde la transparencia es muy alta, se está admitiendo que hay errores adminstrativos”, ratificó Sánchez.
Tras conocer esta determinación, el senador Ortiz consideró que la anulación de ese contrato es una importante noticia “porque se ha evitado un presunto caso de corrupción, tal vez el de más grande en magnitud de nuestra historia nacional”.
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El asambleísta afirmó que no solo se debería revisar la parte administrativa sino el conjunto de este proyecto. Pidió que se abra una investigación global porque un contrato de cerca de $us 2.200 millones de dólares no debería pasar por invitaciones directas. (27/06/2017)
