La Contraloría General del Estado (CGE) concluyó con la supervisión que hizo al proceso de contratación de tres equipos de perforación adjudicados a la empresa Drillmec y halló posibles delitos penales que cometieron los miembros del comité de licitación de la estatal YPFB.
La supervisión que se hizo al proceso de contratación fue en el marco del pedido de auditoría que solicitó el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, tras las observaciones técnicas, administrativas y legales que identificó la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.
“En este caso ya estamos sacando el informe donde estamos estableciendo responsabilidades para la vía penal”, reveló el contralor Henry Ará luego de acudir a la Cámara de Senadores donde debía prestar un informe oral, que fue postergado, por la auditoría realizada a la Gobernación del Beni por la compra de un «dron» para la Policía fronteriza en Guayaramerín.
Sin precisar nombres, la autoridad afirmó que se trata de las personas que participaron del proceso de contratación. La supervisión que hizo la Contraloría se encuentra en etapa de compatibilización y se prevé que se emita en los próximos días el informe final.
El 23 de junio, la subcontralora de Control Interno, Sandra Quiroga, informó a La Razón que en el control de calidad técnica que se hizo a la auditoría interna que hizo YPFB al polémico proceso de contratación fue rechazado y declarado “no válido” ya que no se hizo conforme a lo mandan las disposiciones legales establecidas por la CGE.
En las conclusiones, la Contraloría recomendó iniciar un proceso legal contra el auditor encargado del informe ya que no hizo un análisis a profundidad a los documentos pese a haber detectado algunas irregularidades advertidas por ingenieros de la estatal pero que al final fue aprobado.
“En este documento se ha observado que justamente no se ha tomado en cuenta en lo que viene a ser esta auditoría y la normativa aplicada para este contrato”, informó Ara.
Hasta el momento, la justicia determinó la detención preventiva de siete exfuncionarios de la estatal por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, quienes guardan detención preventiva en diferentes cárceles de La Paz y Santa Cruz.
Junto a ellos se encuentra el expresidente de YPFB, Guillermo Achá, quien cumple la detención domiciliaria en una vivienda de su padre en la zona Sur de La Paz. (28/06/2017)
