El SIN y la UIF deberán solicitar el contrato firmado en 2005 entre la familia Doria Medina y el Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) a la Autoridad de Empresas (AE) para establecer si hubo o no evasión impositiva por la venta de las acciones de Soboce.
“Una de las primeras cosas que tendrán que hacer el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es pedirle a la Autoridad de Empresas ese contrato para ver efectivamente si el monto es de (ejemplo) $us 100 o de $us 400”, explicó ayer Manuel Canelas, presidente de la comisión que indaga los Papeles de Panamá, en el programa El pueblo es noticia, que se difunde cada domingo por la red estatal de medios de comunicación.
Según las pesquisas de la comisión, el 5 de agosto de 2005 la familia Doria Medina constituyó la empresa Akapana SA en Panamá. El 5 de septiembre de ese año, la Compañía de Inversiones Mercantiles SA (CIMSA), también de propiedad de la familia Doria Medina, le vende el 46,5% de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a Akapana SA por Bs 217 millones. Ese mismo día, la empresa offshore vende el paquete accionario a la mexicana GCC por Bs 524 millones.
El informe también establece que de este monto, la familia declaró que la ganancia fue Bs 80 millones, por lo que se pagó Bs 20 millones por concepto del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (UIE). Según la investigación de la comisión, la deuda impositiva por el monto no declarado de la transacción ese año es de Bs 55 millones. Y se calcula que a la fecha ese monto se elevó a Bs 203 millones.
“En el cierre del capítulo de Akapana le hemos sugerido, vamos a enviar ese informe no a la Fiscalía, porque no encontramos indicios suficientes de delito, pero le enviamos el informe de (Samuel) Doria Medina a la UIF y a Impuestos Internos”, remarcó Canelas.
Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón
(02/10/2017)
