A 26 días de conocerse el desfalco al estatal Banco Unión y a 17 de haber sido destituidos 18 funcionarios como resultado de una auditoria interna, la Fiscalía anunció que convocará a los exfuncionarios despedidos para conocer su versión y definir su situación en el caso.
“El Ministerio Público los va a convocar”, informó el fiscal Herlan Almanza, quien añadió que se analiza la situación de cada uno de los despedidos en el marco del informe que envió el banco estatal.
El 27 de septiembre se conoció del desfalco que llegó a Bs 37,6 millones, aunque en una primera instancia fue cifrado en solo Bs 400.000.
De los 18 funcionarios destituidos, 13 fueron denunciados como resultado de una auditoría especial que encaró la entidad financiera tras descubrirse la millonario sustracción. Ese día, 16 de octubre, también fue alejado del cargo el gerente Nacional de Operaciones José Luis Quiroz “por no haber cumplido satisfactoriamente las labores exigidas”.
Hasta el momento, según reportó el abogado de la endad financiera Aldo Burgos, se habría recuperado alrededor de Bs 10 millones, aunque Almanza señaló que una auditoria forense y del Instituto de Investigación Forense (IDIF) determinará la cantidad sustraída.
Los familiares y el entorno más cercado de Juan P.M., identificado como el principal responsable del ilícito, fueron aprehendidos, entre ellos su madre, esposa, hermano menor y su pareja, una mujer de nacionalidad argentina. Todos se habrían beneficiado con regalos.
Juan P. M., exjefe de Operaciones de la entidad bancaria —primero en la agencia de Achacachi y luego en la agencia de Batallas—, es el principal acusado de realizar el desfalco millonario a través del uso de un sistema de software de seguridad.
La La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) detectó que fueron vulnerados tres mecanismos de control interno y apuntó a los altos ejecutivos de la entidad financiera de la omisión en el control del dinero.
A raíz de este caso, la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional citó para el 26 de octubre al ministro de Economía, Mario Guillen, además al ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF), Alejandro Taboada.
