El procurador general del Estado, Pablo Menacho, entregará este lunes a la Fiscalía un memorial para que amplíe la indagación en el caso del desfalco al Banco Unión a los exfuncionarios que, por ejemplo, definieron instalar un cajero automático en el área rural. La repartición busca precisar el grado de responsabilidad de los implicados para evitar problemas en el juicio.
“Estamos trabajando sobre las mismas personas habiendo revisado los manuales de funciones, las tareas que le tocaba desempeñar y con eso estaríamos solicitando la ampliación de la investigación de algunos puntos que no habrían sido tomados en cuenta como la apertura y creación del cajero automático”, reveló.
El desfalco a la financiera estatal de unos Bs 37,6 millones, según fijó una auditoría del Banco Unión, se ejecutó en las agencias rurales de Batallas y Achacachi, donde Juan Pari, principal imputado en el caso, trabajó como ejecutivo.
La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, había precisado en una anterior oportunidad que el banco había instalado un cajero automático justamente en la segunda localidad y no así en la primera.
“Son gente que se ha aprovechado de su cargo, de la función que cumplía y de las tareas específicas que les habían dado, particularmente con relación a las agencias de Achacachi y Batallas”, sostuvo Menacho.
Consultado por el objetivo de la solicitud al Ministerio Público, Menacho afirmó que el fin es “evitar cualquier tipo de problemas con relación al procedimiento penal” que lleva adelante esa entidad estatal.
“Lo que pasa es que hasta ahora lo que tenemos en cuanto a las imputaciones que ha hecho la Fiscalía, se han incluido a personas pero no se ha hecho una referencia específica sobre la participación que ha tenido cada una de estas personas en la comisión de estos delitos”, explicó.
En criterio de la autoridad, Pari, sus subalternos y allegados “no son personas de menor rango” en la investigación puesto que “han tenido una participación efectiva y objetiva” en el desfalco. No quiso referirse a la responsabilidad de los gerentes y la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) porque la investigación está en proceso.
Hay más de una veintena de procesados, muchos de ellos encarcelados en los penales de La Paz. (24/11/2017)
